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Suprema definirá este lunes sobre remoción del juez Daniel Urrutia por viajes al extranjero con licencia

El máximo tribunal analizará la situación del polémico magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. “Es el fin de un proceso bastante complejo para muchos jueces, no solo Urrutia, y respecto del cual ya hicimos todo lo posible", dijo su abogado, Carlos Quezada.

Santiago, 4 de mayo de 2026. Juez Daniel Urrutia. En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Oriente formaliza investigación en contra del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados por delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Para este lunes 19 de octubre está programada la sesión de pleno de la Corte Suprema para continuar con la revisión de cuadernos de remoción de jueces que enfrentan cuestionamientos por haber viajado al extranjero estando con licencia médica.

El grueso del análisis se dio durante septiembre, aunque hay casos rezagados y otros en que el estudio debió postergarse, en atención a que un grupo de magistrados intentó impugnar y dejar sin efecto la medida que adoptó el máximo tribunal, recurriendo al Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, el TC echó por tierra las pretensiones de los requirentes y dio luz verde a la Suprema para que resolviera.

Así, esta jornada los ministros se abocarán al análisis de cinco casos que habían quedado paralizados, entre los cuales se encuentra el del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien es visto por integrantes del Poder Judicial como una suerte de símbolo de todo este proceso.

Hasta ahora, han sido removidos por esta situación 15 jueces, bajo la utilización por parte del pleno del artículo 80 de la Constitución.

Consultado respecto de la determinación que se tomará esta jornada, Carlos Quezada, quien representa al juez Urrutia en la instancia, manifestó que esperan con calma. “Es el fin de un proceso bastante complejo para muchos jueces, no solo Urrutia, y respecto del cual ya hicimos todo lo posible, ahora todo queda en manos del pleno”, sostuvo.

En el proceso de Urrutia y de los otros cuatro magistrados sobre los cuales aún no hay determinación, la Suprema ya escuchó la exposición de los antecedentes por parte del relator y los alegatos; ahora se espera que los ministros voten sobre si están o no por la remoción de cada uno de ellos.

Como informó en su momento este medio, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que, dado que los antecedentes fueron escuchados por un pleno distinto al que, por ejemplo, conoció de las últimas remociones, este lunes se replicará la integración que efectivamente supo de los casos en cuestión. Es decir, estarán presentes los suplentes Hernán Crisosto, Roberto Contreras, Eliana Quezada y Carolina Catepillán.

Igualmente, durante la jornada se sumarán los casos de otros cuatro jueces, respecto de los cuales el máximo tribunal aún no ha decidido si abrirá cuadernos de remoción.

Como transparentó en ese momento la ministra presidenta, una vez que culmine la revisión de todos los antecedentes se dará a conocer las identidades de todos los jueces que resultaron removidos.

“Hay que tener presente que las sentencias aún no han sido dictadas y tenemos autoacordados que rigen los cuadernos disciplinarios y de remoción. Y se establece una norma clara en que las sentencias una vez firmes se hacen públicas, salvo que hay que anonimizar los datos sensibles, entre los cuales no está el nombre de la persona. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esperar que se dicten estas sentencias, que es un número bastante voluminoso y, consecuencialmente, ahí se tendrá conocimiento del nombre de aquellos miembros de la judicatura que fueron removidos por la Corte Suprema”, explicó.

El caso de Urrutia

Aunque hay más de 50 jueces que enfrentaron o enfrentarán los análisis de la Suprema, el caso de Daniel Urrutia es de los que más expectación ha generado.

Conforme con los antecedentes que se han ventilado hasta ahora, en el marco del sumario que instruyó la Corte de Apelaciones de Santiago a su respecto, fue sobreseído de un cargo y absuelto por prescripción en el otro.

Las pesquisas estuvieron en las manos de la fiscal judicial Macarena Troncoso, siendo el primero de los hechos que se indagaron los relacionados con una licencia médica entregada por un psiquiatra con fecha inicio de reposo -en su domicilio- el 14 de enero de 2020, por quince días, y de término el 28 de ese mes y año. El segundo hecho fue otra licencia médica otorgada por ese mismo psiquiatra con fecha inicio de reposo -también en su domicilio- el 14 de junio de 2022, por catorce días, y de término el 27 de junio.

La primera licencia, de acuerdo con la sentencia que emitió Troncoso al culminar el análisis, se rompió -al superponerse un par de días antes con la parte final de su reposo de salud- por viajar a Costa Rica en el marco de una citación por una audiencia ligada a la demanda que presentó contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El cuadro de salud en esa ocasión fue: estrés severo persistente.

La segunda licencia, según la misma sentencia, no se respetó, al coincidir con un periodo de vacaciones. Con esa licencia médica Urrutia viajó a Tena, en Ecuador, y también tenía un cuadro de estrés severo persistente.

Cuando el asunto lo tuvo que ver el pleno de la Corte de Apelaciones, 15 de los 27 magistrados aceptaron la propuesta de prescripción hecha por Troncoso respecto del viaje a Costa Rica. Y cuando decidieron sobre el viaje a Ecuador, Urrutia se salvó de la sanción por un voto.

Pese a ello, cuando la Suprema decidió echar mano al artículo 80 de la Constitución, su caso volvió a ser materia de análisis y esta jornada habría pronunciamiento oficial.

En el intertanto, eso sí, el magistrado activó una serie de acciones con miras a frenar al máximo tribunal. La última de ellas, como reportó Radio Biobío, ingresó una demanda de tutela contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), solicitando una indemnización de $77 millones por la afectación a sus derechos fundamentales.

Acusa a la entidad porque lo están persiguiendo dos veces por los mismos hechos.

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