El pasado lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete entregó el veredicto en contra de los 18 acusados de atacar e incendiar el histórico Molino Grollmus, en Cañete, Región del Biobío. Por el atentado que afectó al inmueble que fue construido en 1903, el tribunal de primera instancia dictó penas que en total superan los mil años de cárcel.

En paralelo al proceso penal, las víctimas del caso activaron una arremetida en la justicia civil, demandando al Fisco por los daños y perjuicios generados por el ataque que hizo el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) el 29 de agosto de 2022.

Se trata de tres demandas civiles las que, según pudo conocer La Tercera, fueron ingresadas ante el Primer, Segundo y Tercer Juzgado Civil de Concepción. La primera de ellas fue presentada hace algunas semanas por el abogado Javier Zehnder en representación de Christian Grollmus, quien junto a su padre y tío repelió el ataque; Helmuth Grollmus, dueño del predio y quien murió meses después a raíz de un deterioro físico tras el ataque; Margarita Fritz y Karin Grollmus.

La segunda demanda se presentó, también por el abogado Zehnder, en representación de Christian Cid y Ramón Cid. La familia Cid, vecina del inmueble afectado, también fue víctima del grupo, ya que durante el atentado al molino los agredieron, causando -incluso- que uno de ellos perdiera su ojo a causa de las lesiones.

La tercera acción civil fue ingresada por el abogado Rafael Poblete en representación de Carlos Grollmus, otra de las víctimas que repelió el ataque y por lo que perdió una pierna. En la misma demanda también se suma a Carina Grollmus, Valeska Grollmus y Lorena Caamaño.

La demanda por el molino

En las tres demandas, todas en contra del Fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), las víctimas del ataque al Molino Grollmus apuntan a la falta de servicio y protección por parte del Estado, lo que derivó en el hecho que generó gran conmoción en la Macrozona Sur. Además de eso, se apunta al daño patrimonial, de salud y hasta el perjuicio que generó posteriormente el atentado.

En el caso de la demanda presentada por Christian Grollmus, la acción civil apunta a una “omisión” en el actuar del Estado, “tardía” y “defectuosa”. Según señala el mismo escrito, en este caso “concurre una falta de servicio por actuación tardía, evidenciada en la ausencia de una intervención oportuna y eficaz de Carabineros de Chile durante el desarrollo del atentado”.

“El ataque se prolongó durante un lapso considerable, con gran cantidad de disparos reiterados e incendios progresivos de las instalaciones y del Molino Grollmus, sin que se produjera una respuesta estatal eficaz mientras el daño aún podía ser evitado o, al menos, mitigado. Asimismo, se constata la falta de auxilio inmediato a las víctimas una vez iniciado y consumado el ataque, obligándolas a resguardarse por sus propios medios y repelerlo por sí mismos por más de 50 minutos estando a tan solo 3 kilómetros de la tenencia de Carabineros de Contulmo. La tardanza en la actuación estatal permitió que el daño alcanzara un carácter irreversible”, agrega.

En esta demanda, la familia Grollmus pide dos grandes grupos de indemnización. La primera es por el daño patrimonial, avaluando el ataque al Molino Grollmus y sus inmediaciones, en un perjuicio económico de más de $7 mil millones. En cuanto a los daños morales, en total, se exige un pago de $16 mil millones. Al sumarlo todo, dicha acción civil pide el pago reparatorio de $ 23.721.010.746.

La segunda demanda indemnizatoria de la familia Grollmus, encabezada por Carlos Grollmus, y la que también apunta a la falta de servicio, se pide una indemnización total de $1.630.000.000, principalmente por el daño moral y físico que causó el atentando en las víctimas.

En esa acción judicial, la familia Grollmus apunta al gobierno y autoridades del periodo del expresidente Gabriel Boric, entre los argumentos por falta de servicio del Estado.

A pesar de eso, concluye que “falló el Estado en su conjunto, ya que los distintos órganos de la administración del Estado que se han referido, responsables del orden y seguridad pública, que tienen injerencia en los hechos que fundan esta demanda, incurrieron en falta de servicio, desde que no garantizaron la debida protección y, a consecuencia de ello se produjo daño a mis representados, derivado del atentado perpetrado en el marco del denominado conflicto mapuche. Y, la producción de este resultado dañoso es consecuencia directa de la falta de servicio de los órganos del Estado, quienes estuvieron en condiciones de prevenirlo”.

En el caso de la demanda de la familia Cid, apuntan también a las falencias por parte del Estado en su deber de protección de los civiles. Como consecuencia de aquello, exigen el pago de una indemnización de $ 850 millones.

En total, y considerando las tres demandas presentadas por las víctimas del ataque al Molino Grollmus, se pide una indemnización total de $26.201.010.746. Las tres acciones civiles, por ahora, se encuentran a la espera de tener una respuesta por parte del CDE ante la justicia