La acusación constitucional nació como un recurso de última instancia. Es el instrumento más grave que tiene el Congreso para hacer efectiva la responsabilidad de una autoridad que infringió la Constitución o las leyes. Por su peso, debería usarse poco.

No es lo que pasa. El recurso extremo se volvió rutina. El exministro Ignacio Walker contabilizó diecisiete acusaciones en ocho años —entre el segundo gobierno de Piñera y el de Boric— y habló de una degradación de la política. Dos de ellas apuntaron al propio Presidente Piñera. El patrón es claro: uno acusa, el otro responde, y la cuenta sube. Revancha, no justicia.

La acusación contra el exministro Nicolás Grau es el último eslabón de esa cadena, y quizás el más revelador. ¿De qué se le acusa? De haber infringido la Constitución por una diferencia en las proyecciones fiscales. No hay un peso desviado, no hay una orden ilegal, no hay corrupción. Hay cifras que se movieron entre un informe y otro.

Las proyecciones de Hacienda se construyen sobre supuestos —precio del cobre, tipo de cambio, crecimiento— que cambian cada trimestre y están a la vista en cada Informe de Finanzas Públicas: los mismos que usa hoy este gobierno. Que las cifras se corrijan no es un ocultamiento; es el funcionamiento normal de la institución. Ya pasó: en 2021, entre dos informes, la brecha fue incluso mayor y nadie habló de fraude.

Varios de los parlamentarios que idearon y patrocinan el libelo han insinuado, sin disimulo, que aquí hubo dolo: que Grau habría inflado ingresos y escondido gastos, que detrás de la diferencia hay un acto casi delictual. Es una imputación grave y, sobre todo, ignorante. ¿Cómo se manipula a propósito algo que el propio sistema obliga a corregir cada trimestre? Quien acusa así no entiende cómo se arma una proyección fiscal. Y esa ignorancia, repetida desde el Congreso, refleja la baja calidad de buena parte de quienes hoy legislan.

Hay algo que debería incomodar a los acusadores. Si discrepar de las proyecciones o de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo fuera causal de acusación, ningún ministro de Hacienda estaría a salvo. Tampoco el actual, que hoy tampoco sigue todas sus recomendaciones. La misma vara con que se mide a Grau dejaría expuesto al que venga.

Llama la atención el silencio tibio del gobierno. Ha dejado ver que la acusación no le parece buena idea, pero no la ha rechazado con la claridad que el caso exige. Se entiende: los principales impulsores son el partido del Presidente. Pero gobernar también es contener a los propios cuando se equivocan.

Se puede discrepar de la gestión fiscal de cualquier gobierno. Para eso están el debate, el Congreso y las urnas. Lo que no se puede, sin pagar un precio que recae sobre todos, es convertir una diferencia técnica en un delito constitucional. La acusación constitucional todavía puede volver a ser lo que fue: un recurso serio, para faltas graves. Devolverle ese sentido no protege a un exministro. Protege a la institución y a la credibilidad fiscal del país.

Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.