La aprobación de la megarreforma permitió al gobierno exhibir algo que necesitaba: capacidad para construir mayoría y sacar adelante una iniciativa emblemática. Pero una victoria legislativa no es necesariamente una victoria política. La diferencia importa ahora, cuando La Moneda busca proyectar ese impulso hacia una reforma constitucional en seguridad.

Una de las principales apuestas de la ACOT es elevar la seguridad pública a rango constitucional. Pero una cosa es contar con respaldo ciudadano en seguridad y otra disponer de los votos para modificar la Constitución.

La megarreforma mostró que el Ejecutivo podía reunir 26 apoyos en el Senado mediante negociación, concesiones y una oposición descoordinada. La reforma constitucional exige cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio. Es una mayoría distinta, que obliga a ampliar acuerdos y, antes que eso, a mantener ordenada la propia coalición.

Ahí aparece una primera señal de riesgo. La victoria de la megarreforma quedó rápidamente rodeada por ruido oficialista. Las dudas sobre la necesidad y alcance del cambio constitucional obligaron al ministro Martín Arrau a precisar que no se trata de una “megarreforma constitucional”, sino de modificaciones acotadas. Lo que busca es despejar el temor de algunos sectores de la derecha a reabrir una discusión que consideraban cerrada después de dos procesos fallidos.

A ese ruido se agregó la controversia por el nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Que el ministro del Interior y vocero del gobierno haya señalado desconocer una decisión políticamente sensible traslada el problema desde la comunicación hacia la forma en que se toman las decisiones en La Moneda.

Un gobierno puede estar fuertemente presidencializado y, al mismo tiempo, tener varios centros de decisión que no siempre conversan entre sí. Hacienda procesa desde la lógica fiscal, Segpres desde la legislativa y cada ministerio desde su ámbito sectorial. Si falta una instancia capaz de integrar políticamente esas decisiones antes de ejecutarlas, Interior queda obligado a administrar sus consecuencias.

El déficit de centro de gobierno puede volverse especialmente costoso para una reforma constitucional. Construir cuatro séptimos requiere algo más que buenos argumentos en seguridad: necesita conducción política, confianza entre los socios y una estrategia parlamentaria consistente. Y todo ello ocurrirá mientras el gobierno negocia el Presupuesto 2027 y Hacienda abre otros frentes con reformas al mercado de capitales y Estatuto Administrativo.

El riesgo es el de una sobreextensión política. Las mayorías no se acumulan como un saldo disponible después de cada triunfo. Cada reforma modifica intereses, activa resistencias y obliga a construir nuevos acuerdos. La descoordinación opositora que facilitó la megarreforma tampoco puede considerarse una condición permanente.

Kast tiene razones para convertir la seguridad en el eje de un segundo tiempo. Precisamente por eso, una apuesta constitucional fallida tendría un costo mayor. No porque debilite la ACOT completa, sino porque transformaría el instrumento escogido para fortalecer su principal bandera en una nueva prueba sobre la capacidad política del gobierno.

La megarreforma demostró que La Moneda puede ganar una votación difícil. El camino constitucional de la ACOT plantea una pregunta diferente: si el gobierno está leyendo correctamente esa victoria o corre el riesgo de sobregirarla.

Por Marco Moreno, Decano Economía, Gobierno y Comunicaciones, U. Central