Según consignó recientemente un reportaje de este medio, el Consejo de Fiscales Regionales se reunió en forma extraordinaria para poder abordar los graves hechos ocurridos recientemente en la Macrozona Sur, en donde a raíz de un atentado un trabajador forestal resultó herido de extrema gravedad, en tanto que un miembro de la CAM -partícipe del ataque- falleció en un enfrentamiento con Carabineros. En el encuentro también se abordó el incremento de ataques en la zona. Si bien por distintas consideraciones no se pudo consensuar la declaración inicial -entre ellas, porque se podía complejizar aún más la investigación de los hechos-, las preocupaciones de los persecutores manifestadas en el encuentro, y que también fueron expresadas en una carta de la Asociación de Fiscales publicada en este diario, dan cuenta nuevamente de la relevancia y gravedad de lo que ocurre en la zona.

Aun cuando hubo una declaración del Consejo en conjunto con el fiscal nacional Jorge Abbott, en que junto con reconocer la labor que desarrollan fiscales y funcionarios en la zona, se condenaron también las reiteradas amenazas que sufren, esta vez no se incluyeron las demandas por más recursos para desempeñar sus funciones, así como mayores garantías para quienes se desempeñan en la dirección de la labor investigativa. Este aspecto reviste la máxima importancia, pues ya no solo se han visto amedrentamientos a sus personas-situación que los fiscales en otras regiones también han sufrido- sino que algunos han sido víctimas de ataques con armas y atentados a su propiedad, como el reciente incendio en la vivienda de uno de ellos en Cañete.

Los delitos en su número, gravedad y en la extensión territorial en la cual se ejecutan han aumentado en los últimos años en la zona mientras los resultados de las pesquisas investigativas han sido insuficientes, con un bajo número de condenas. Por ello las demandas respecto de recursos y de condiciones de seguridad para desempeñar la labor investigativa y para sus propias familias adquieren especial relevancia y deben ser planteadas, discutidas y atendidas por la autoridad pertinente si correspondieren, o implementar las medidas necesarias si exceden del ámbito de competencias del propio Ministerio Público.

Las preocupaciones expresadas por los fiscales vuelven a poner de relieve la grave situación de inseguridad que se vive en la zona, y el peligroso escalamiento en los niveles de violencia. Es una situación que los distintos estamentos del país parecen no ver o insisten en minimizar, lo que solo favorece a los grupos radicalizados y debilitan la administración de justicia. Debe tomarse nota de la gravedad que reviste el que desde el propio órgano encargado de la persecución penal se estén dando señales de que su delicada labor se puede ver comprometida por falta de garantías. Por cierto que un tema de esta envergadura no debería quedar solo en el plano de las declaraciones, por lo que es tarea de la propia Fiscalía presionar más para una solución, en tanto que el Ejecutivo y el Congreso deben tomar estas inquietudes como una prioridad.