Los archivos suelen irrumpir en el debate público cuando se les vincula a la memoria histórica o la búsqueda de justicia. Sin acceso al archivo, el pasado parece quedar a merced de la especulación o del revisionismo falaz, sustentado en la frágil articulación de recuerdos y documentos aislados. Sin embargo, más allá de su innegable valor jurídico e historiográfico, los archivos cumplen una función aún más elemental ya que tienen la capacidad de desmitificar el ejercicio del poder y permitir que este deje de concebirse en el plano de las abstracciones para revelarse en su materialidad más concreta a través de oficios, cartas, informes, minutas y borradores.

Esta dimensión probatoria del archivo cobra una vigencia insoslayable en la actualidad, donde la discusión pública parece irremediablemente supeditada a la consigna efímera, la tiranía de las métricas y la polarización. Frente a esto, el derecho al archivo constituye una garantía inalienable para comprender nuestra historia y para enfrentar los desafíos que acechan a la democracia. Una ciudadanía no ejerce plenamente su posibilidad de deliberar y participar con conciencia en la esfera pública si carece de los documentos que revelan, entre otras cosas, cómo se toman las decisiones de Estado.

Es aquí donde los archivos presidenciales adquieren una relevancia singular. Su utilidad no se restringe a emitir juicios retrospectivos sobre una administración en particular, sino que hacen posible el entendimiento de la praxis política en toda su complejidad.

Inspirada en esta convicción, surge la Red Iberoamericana de Archivos Presidenciales —una iniciativa impulsada por la Universidad Diego Portales, la Fundação Fernando Henrique Cardoso y la Fundación Felipe González—. Su misión es promover la preservación, democratizar el acceso y fomentar la cooperación institucional en torno a la custodia de estos acervos en la región. La Red aspira a activar estos fondos documentales, como los de los presidentes Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso y Felipe González, como catalizadores de investigación, deliberación ciudadana y responsabilidad en el sostenimiento de la democracia.

Jacques Derrida afirmó que la democracia puede medirse por la participación y el acceso al archivo. Desde esa perspectiva, la Red Iberoamericana de Archivos Presidenciales no constituye solo un proyecto de preservación documental, sino una intervención decisiva en las condiciones mismas de la vida democrática. Estos fondos son un patrimonio cívico indispensable y la salvaguardia tanto de que la historia política no quede atrapada por el hermetismo institucional como que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a participar, con documentos a la vista, en la interpretación pública de la sociedad en la que vive.

Por Alejandro Arturo Martínez, Director de Estudios Generales, Archivos y Cultura, UDP.