Esta semana se produjo un cruce inédito entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), con un tono inusualmente elevado. El organismo, en su informe semestral ante la Comisión Mixta de Presupuestos, advirtió que los déficits estructurales han llevado la deuda bruta a rondar el 45% del PIB, un nivel exigente que, junto a una reducida capacidad de ajuste del gasto, constriñe el margen fiscal presente y futuro.

El CFA insistió en la necesidad de un gran acuerdo político y técnico para cumplir las metas de 2025 y 2026, que refuerce la sostenibilidad a largo plazo, subrayando que sin una reforma decidida en la gestión del gasto público se pierde capacidad de maniobra ante crisis venideras.

El Ministerio de Hacienda contestó en un oficio al Senado, señalando que resulta inconcebible que un organismo técnico adopte un tono tan severo, sin distinguir entre errores heredados y decisiones actuales del gobierno. Señaló que el informe del CFA recurre a una crítica de un solo lado, exigiendo recortes drásticos al Ejecutivo mientras el Congreso queda exento y que al centrarse casi exclusivamente en ajustes de gasto ignora la otra vía de la disciplina fiscal: el aumento de ingresos permanentes, tal como el propio Consejo recomendaba en informes previos.

Mientras el CFA plantea que, para avanzar hacia la consolidación fiscal, el gasto debe crecer muy por debajo del 4,9 % real promedio observado entre 2010 y 2024, Hacienda respondió que en la actual administración el gasto anual promedio cayó un 6,1% entre 2022 y 2024 —y aun excluyendo la fuerte contracción de 2022, creció solo un 2,3 %—, lo que ha mantenido la relación gasto/PIB en niveles semejantes a los de 2019; en otras palabras, la “inflexión” reclamada por el CFA ya se ha estado produciendo.

En cuanto a proyecciones presupuestarias, el CFA valoró la asistencia técnica del FMI para mejorar las estimaciones de ingresos y reconoció que la Dipres ya incorpora algunas recomendaciones, pero urgió a profundizar este avance. Hacienda replicó que el CFA atribuye erróneamente la falta de realismo a decisiones deliberadas del Ejecutivo, cuando el FMI identificó causas estructurales, la incorporación de informes financieros de leyes pasadas, la volatilidad de la renta y nuevas metodologías de estimación, que el informe no aborda.

Hacienda recordó que el CFA no está facultado para dictar ni pausar políticas fiscales: su ley orgánica le confiere únicamente evaluar y monitorear reglas fiscales, opinar sobre desviaciones y proponer medidas de mitigación, pero no decidir el momento de emitir un decreto de política fiscal.

Por último, discrepó de la visión que equipara sostenibilidad fiscal a recortes administrativos de corto plazo. A juicio de Hacienda, el equilibrio real requiere generar ingresos permanentes, contener o revertir gastos fijados por ley, impulsar el crecimiento tendencial y mantener un bajo riesgo soberano. De lo contrario, insistir en ajustes inmediatos trivializa las tensiones fiscales, posterga decisiones urgentes y alienta la inacción de actores clave.

De este intercambio se desprenden, a grandes rasgos, dos conclusiones. En primer lugar, sorprende la falta de autocrítica y el tono desafiante del Ministerio de Hacienda ante los reiterados incumplimientos de las metas fiscales: una parte importante de la responsabilidad se atribuye a las proyecciones de ingresos dejadas por la administración anterior, argumento que pudo resultar comprensible en los primeros meses de gobierno, pero resulta poco creíble cuando el mandato presidencial está próximo a concluir.

En segundo término, aunque el Consejo Fiscal Autónomo ha intensificado sus advertencias de corto plazo, se extraña una opinión sobre la viabilidad de los ajustes propuestos. Equilibrar ingresos y gastos es, sin duda, deseable; sin embargo, es igualmente crucial evaluar la factibilidad de las metas en el contexto de las presiones de gasto futuras y la compleja economía política que subyace a cualquier reforma fiscal.

Los estudios sobre el nexo entre política y finanzas públicas, iniciados en el siglo XIX por las escuelas italiana y sueca de hacienda, nos han demostrado que en años electorales la discusión fiscal se polariza. En ese contexto, la institucionalidad -con el CFA y Hacienda como pilares- debe garantizar que el rigor técnico no derive en una confrontación estéril. Solo un diálogo franco, transparente y constructivo entre ambos podrá dar el impulso a las reformas necesarias; de lo contrario, las tensiones electorales paralizarán los ajustes imprescindibles para restaurar la sostenibilidad fiscal.