Columna de Manuel Villaseca: La condonación del CAE no es una prioridad

Estudiantes Universitarios
Foto: Andrés Pérez


Es de público conocimiento que, antes de fines de septiembre, el gobierno del Presidente Gabriel Boric pretende ingresar un proyecto de ley con el objetivo de condonar la deuda asociada al Crédito con Garantía Estatal (CAE) y reemplazar dicho mecanismo con un nuevo sistema de financiamiento de los estudios superiores de pregrado.

Actualmente, las promesas de condonación del CAE, que tanto el sector del Presidente como él mismo han repetido hasta el cansancio, han tenido un efecto multiplicador sobre la morosidad del crédito. La tasa de morosidad se ha disparado en los últimos años, desde un 43,4% en diciembre de 2018 a un 64,1% en el mismo mes del año 2023. El aumento se ha dado principalmente entre los egresados de educación superior, que disfrutan del premio salarial asociado a sus estudios. Su porcentaje de morosidad aumentó 14,5 puntos porcentuales entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2023, desde 44% a 58,5%.

El aumento de la morosidad no viene sin costo. Además de los recursos que crecientemente ha tenido que desembolsar el Fisco por concepto de garantías ejecutadas, sobreprecios y recompras, el mismo concepto de crédito estudiantil ha sido socavado. Considerando que el sistema de educación superior chileno no se sostendría sin la contribución de las familias, no hay duda de que las promesas sostenidas por el Presidente y su sector han sido gravemente imprudentes.

En Chile, las personas con educación superior tienen ingresos que equivalen a 2,61 veces lo que ganan quienes egresaron sólo de enseñanza media; es la diferencia más alta en la OCDE. Un 76% de ellos gana más que la mediana de la población, de acuerdo con el reciente informe Education at a Glance 2024. Considerando que los retornos a la educación terciaria son principalmente privados, hace sentido económico y moral que las personas compartan la carga financiera de sus estudios superiores.

Por otro lado, y de acuerdo con el mismo informe, hoy un 29% de los estudiantes chilenos de 16 años no tiene competencias básicas en matemáticas. La cobertura es baja en parvularia, especialmente entre los 3 y 4 años de edad (54% y 81%, respectivamente). En preescolar, Chile gasta 7.256 dólares por niño, un 38,2% menos que el promedio de la OCDE (11.735 dólares). Sin embargo, y pese a la evidente gravedad y urgencia de estos problemas, no hay grandes políticas ni anuncios al respecto. No hay proyectos de ley, ni discusiones acaloradas, ni sentidas promesas.

Nadie niega que el actual sistema de financiamiento de la educación superior tiene problemas. Por ejemplo, la fijación de precios y vacantes de la gratuidad ha deteriorado seriamente la salud financiera de las instituciones de educación superior, generando un déficit de US$780 millones desde su implementación. Por otro lado, la asignación arbitraria de fondos, como el Aporte Fiscal Directo y otras transferencias, crea una ventaja competitiva artificial e irremontable a favor de un grupo de universidades.

Pero la existencia de dichos problemas no hace que sea urgente resolverlos. Existen múltiples necesidades sociales —especialmente en el ámbito de la educación—, y el Fisco posee recursos limitados. Cada gobierno debe manejar e invertir esos recursos de la mejor manera, buscando lo que más beneficie a la sociedad y lo que contribuya más significativamente a la mejora de las vidas de cada uno de los ciudadanos del país.

La mejor forma de invertir los recursos del Fisco hoy reside en otros objetivos: perseguir el aumento de la cobertura y la solución de las disparidades de financiamiento en la educación parvularia, el nivel que más beneficios trae al conjunto de la sociedad; contrarrestar el creciente déficit de profesores; enfrentar los problemas gravísimos de violencia escolar que agobian a los equipos directivos y docentes; mejorar el acceso a la educación escolar y la calidad de su enseñanza; lidiar con el estrés que ha derivado de la admisión abierta y del aumento de las necesidades especiales; y, por último, pero no menos urgente, revincular a los cientos de miles de estudiantes que hoy han abandonado el sistema.

No es tarde para volver al camino de la responsabilidad.

Por Manuel Villaseca Vial, director de Estudios Acción Educar