Hay una verdad incómoda que quienes hemos ocupado cargos de responsabilidad en seguridad pública debemos decir con claridad: el crimen organizado opera más rápido que el Estado. No porque sea más inteligente, sino porque no tiene restricciones presupuestarias ni institucionales. Y esa asimetría tiene un costo concreto y creciente.

El contrabando de cigarrillos es el ejemplo más elocuente de esta inequidad operativa. En cuatro años, el comercio ilícito de tabaco se triplicó, superando al mercado formal con 7 billones de unidades anuales. La evasión fiscal asociada alcanza los US$1.100 millones, equivalente al 59% del presupuesto de Carabineros. No hablamos de un delito menor, ya que ahora es el principal negocio del crimen organizado, financiado en parte con nuestra inacción, sumado al riesgo sanitario que implica consumir productos no certificados.

La alta carga impositiva al tabaco generó una brecha de rentabilidad que el mercado negro explotó. Pero el problema no está solo en la entrada de la mercancía ilegal a Chile: está en lo que ocurre después de que se incauta. Ahí es donde el aparataje público muestra su peor cara. Desde fines de 2024, las incautaciones acumuladas suman entre 10 y 15 contenedores, superando la capacidad del sistema para destruirlos. Aduanas no puede cobrar por el almacenaje, los operadores privados asumen costos de custodia de mercancía y hay contenedores que llevan hasta diez años esperando ser eliminados.

Destruir un contenedor de cigarrillos incautados cuesta alrededor de $5 millones, y el sistema requiere casi $500 millones anuales para operar con eficiencia mínima. Lo que falta no es tecnología ni voluntad: falta el presupuesto y decisión política para asignarlo.

El Estado tiene una tendencia estructural a reaccionar ante las crisis en lugar de anticiparlas. Necesitamos fiscalización permanente usando la data disponible para cerrar rutas del contrabando, incorporar tecnología e interoperabilidad institucional, y sobre todo cerrar el ciclo: la mercancía que no se destruye puede ser robada o reingresada al mercado ilegal, ocupando recursos que deberían destinarse a nuevas incautaciones.

Recuperar el control territorial no se logra sólo con más policías ni con más decretos. Se logra construyendo capacidades estatales sostenidas y coordinadas. Eso significa tres cosas concretas: presupuesto exclusivo y permanente para que Aduanas destruya lo que incauta; participación privada con mecanismos claros ante el incumplimiento estatal; y un modelo de inteligencia operativa continua que reemplace las fiscalizaciones esporádicas.

El crimen organizado no descansa. Si queremos recuperar terreno, el Estado tiene que moverse a otra velocidad, no para igualarse al crimen, sino para que el costo de delinquir sea real. Eso es un Estado presente. No uno que llega tarde a destruir lo que decomisó hace diez años.

Por Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior y Seguridad Pública