Los casos ProCultura y Democracia Viva no solo exponen actos ilegales o irregulares, sino que, más grave, remiten a una profunda crisis ética de la sociedad y, especialmente, de la política nacional, donde están involucradas directamente las élites del poder. Se trata de situaciones que ponen en evidencia la descarada normalización del uso discrecional del poder para provecho particular ilegítimo, resultando llamativo que los principales implicados pertenezcan al núcleo del Frente Amplio, quienes hicieron promesa justo de lo contrario.

La remoción del fiscal Cooper, quien llevaba las indagaciones pertinentes a ProCultura, viene a generar un manto de dudas insoslayable sobre la trama de defensas personales y corporativas que se han activado para evitar ser alcanzados por las pesquisas que, de un modo u otro, conducen hasta la Presidencia, pasando por gobernadores, congresistas, asesores y una larga lista de relaciones enmarañadas. Las responsabilidades institucionales se ven aquí mezcladas y confundidas, hasta la indecencia, con las partidistas, profesionales y personales.

Escenario que era previsible en un grupo político que desde un inicio se ha autoconsiderado impoluto, situado más allá del bien y el mal, y presuntamente llamado a una suerte de misión salvífica en una sociedad preñada de injusticias a la que no queda otra opción que refundar. La historia pone en evidencia que siempre ocurre algo similar con las logias de iluminados redentores mundanos. ¡Vaya empeño de una generación de pretendidos ángeles del bien que, conforme transcurren los días, van mostrando inequívocamente que en realidad sirven al mal!

El paso de esta especie de ángeles caídos por las altas esferas del poder promete no ser inocuo para la Patria. Lejos de colaborar a combatir la deshonestidad existente, ha venido a extenderla desde el primer minuto en el gobierno. ¿Cuáles son las motivaciones subyacentes? ¿Financiamiento de “su” política, enriquecimiento personal, hacerse con un caudal de fondos para los tiempos en que haya que mantenerse fuera del poder? Posiblemente sea una combinación de todas las anteriores. ¡Da lo mismo! Todo el entramado es, sin matices, injustificable; digno de holgazanes con delirios de grandeza.

El daño causado es ingente: entronización de la corrupción, severo deterioro de la confianza pública, erosión de la institucionalidad, perjuicio de credibilidad para las fundaciones de beneficencia, uso doloso de fondos públicos. Con todo, todavía queda un enorme mal al acecho: que todo esto se haga rutina, se transforme en parte del paisaje de un país en decadencia y, pasado el tiempo, no acontezca nada.

Urge que Chile reaccione: que el nuevo fiscal avance con prontitud en las investigaciones, que haya severas penas judiciales para los culpables, que de verdad “caiga quien caiga”, que la ciudadanía castigue en las urnas a los sectores políticos relacionados. De no ser así, vendrán largos periodos de padecimiento y de tardíos arrepentimientos.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes