La Fuerza Aérea descubrió el accionar de algunos funcionarios que, aparentemente, usaban los medios de la institución para traficar drogas. Imposible exagerar la gravedad del hallazgo. A partir de ahí, de manera absurda e innecesaria, el gobierno se enredó en una comedia de equivocaciones sobre el organismo competente para llevar adelante la investigación penal. La capacidad -en realidad, es incapacidad- que tienen las autoridades de La Moneda para enredarse en los cordones de sus zapatos no deja de sorprender, pero esta vez es más que una anécdota. El problema es serio.

Con los antecedentes disponibles en la prensa, si alguien me obligara a cometer la audacia de especular a quién le corresponde investigar, si a la Fiscalía de Aviación o al Ministerio Público, diría que supongo que a este último. Parece lo natural, ese no es el problema. De lo que se trata es que la competencia para decidir a quién corresponde resolver esa pregunta es, de manera exclusiva y excluyente, a nuestros Tribunales Superiores de Justicia. A nadie más.

Respetar eso, como se ha recordado profusamente estos últimos días, está en la esencia del Estado de Derecho, que es la institución fundamental sobre la que se levanta el orden político democrático. La diferencia esencial, nuclear, entre cualquier forma de régimen autoritario y una democracia, es que en esta última todas y cada una de las potestades públicas se ejercen dentro del marco de atribuciones fijadas previamente en la ley y todos, absolutamente todos sus titulares, están sujetos a responsabilidad por sus actos.

Este principio se ve gravemente amenazado cuando llegan al poder personas o grupos que se creen depositarios de la verdad o de una condición moral superior. Este es el origen de los totalitarismos como el nazismo, el comunismo, el fascismo y más recientemente el fundamentalismo islámico. Cuando un gobernante confunde su rol institucional, de trabajar para avanzar hacia una sociedad más justa, con el papel arbitrario del justiciero, la democracia está en riesgo.

A partir de la información entregada por La Tercera, en el sentido que el Presidente Boric había ordenado al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea que entregara los antecedentes del supuesto tráfico a la Fiscalía de Tarapacá, sin hacerse cargo de que existe una diferencia sobre la competencia entre este organismo y la Fiscalía de Aviación, comenzó una sucesión de versiones y explicaciones contradictorias e inconsistentes, que solo dejaron en evidencia que el gobierno había entrado en un terreno que le está vedado. Con ello, expuso al Comandante en Jefe a tener que recordarle, justificada y lamentablemente, nada menos que el principio de legalidad.

Probablemente, cuando Serrat escribió “Algo personal” -siempre vuelvo al catalán- no estaba pensando en políticos de izquierda, pero cómo no recordarlo: “Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad viajan de incógnito en autos blindados… juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es de otros si algo les sale mal”.

Por Gonzalo Cordero, abogado.