SEÑOR DIRECTOR:

La seguridad (o la delincuencia) es un problema público que ha requerido políticas cada vez más sofisticadas, pero también ha sido un instrumento de negociación política que cobra nuevo valor como moneda de cambio. Lamentablemente, esto último para ciertos sectores parece ser más importante que la responsabilidad pública de proveer a la ciudadanía de mejores condiciones de seguridad objetiva y subjetiva, que se proyecten y sostengan en el largo plazo.

Podemos analizar si la fórmula del acuerdo transversal era el mejor camino para avanzar hacia una política nacional en seguridad; podemos discrepar de algunos de los más de 70 puntos que plantea o tener certeza de que hay ausencias importantes. No obstante, restarse del acuerdo, como ha sido la decisión de la oposición, es -antes que todo- una demostración de esa instrumentalización política que muchos en este sector (y en otros) han hecho de la delincuencia y el temor a ella por más de dos décadas.

Es fundamental transmitir a la ciudadanía información fidedigna, que represente realidades y contribuya a sostener políticas que vayan por el camino correcto, aun cuando no muestren en principio la espectacularidad de otras. Esta es responsabilidad principal del gobierno y hay que asumirla con convicción.

Desde la academia esperamos seguir aportando para construir seguridad democrática y participativa, basada en los derechos humanos y sostenida en el conocimiento.

Alejandra Mohor Bellalta

Investigadora y docente en criminología y políticas públicas de seguridad