Justo Villafañe, uno de los estudiosos más rigurosos de la reputación corporativa, sostuvo algo que los directorios suelen olvidar en los momentos de presión: la reputación no es lo que una empresa dice de sí misma, sino lo que los demás dicen de ella cuando nadie la está defendiendo. Es el reconocimiento que los grupos de interés hacen del comportamiento corporativo a lo largo del tiempo. No se construye con campañas. Se construye —o se destruye— con decisiones.

Lo que ha ocurrido en Codelco en los últimos meses ilustra esa tesis con una claridad que ningún caso de estudio podría superar.

Los hechos son de dominio público. Entre 2022 y 2025, la producción de cobre registró en diciembre alzas sistemáticas respecto del promedio anual: 29%, 32%, 64% y 62%. Para una operación continua las 24 horas, los 365 días, esas cifras son materialmente imposibles. Producción no terminada fue registrada como comercializable, y sobre esas cifras infladas se calcularon los bonos de ejecutivos, empleados y dirigentes sindicales. La empresa ha encargado una auditoría externa: buena noticia, aunque tardía.

Pero el problema más profundo no es contable. Es de gobierno corporativo, y tiene una dimensión reputacional que Chile no puede permitirse subestimar.

La reputación corporativa no es imagen, esa representación construida desde adentro, gestionable y susceptible de ser moldeada. La reputación se fragua en la experiencia acumulada de los stakeholders con la conducta real de la organización. Hasta hace poco, Codelco era una empresa con reputación sólida en los mercados internacionales del cobre, respaldada por décadas de operación y por el peso simbólico e histórico que representa para Chile. No es un modelo de eficiencia operativa comparable al de las grandes mineras privadas; ese es un debate pendiente y legítimo, pero la confiabilidad en la información que reporta era, en sí misma, un activo estratégico. Eso es lo que está en juego.

Lo que el caso pone sobre la mesa es una pregunta legítima sobre los mecanismos de supervisión. El directorio —cuya función esencial es garantizar que los controles internos funcionen— no habría detectado ni prevenido prácticas que, de confirmarse, se habrían repetido durante años. El Comité de Auditoría y Ética condujo una investigación previa cuyos resultados no lograron despejar las dudas que terminaron exigiendo una auditoría externa. Lo que ya es posible afirmar es que existió un sistema de incentivos que premiaba cifras de producción sin los contrapesos necesarios para verificar su integridad, y que eso constituye una falla de gobierno corporativo independientemente de lo que la investigación concluya sobre cada persona.

El daño reputacional no se limita a la empresa. Afecta la credibilidad de las empresas públicas chilenas en su conjunto. Y aquí hay una dimensión que no puede omitirse: cuando la empresa es del Estado, la reputación no es solo un asunto corporativo. Es un asunto ciudadano. Todos los chilenos son, en algún sentido, accionistas de Codelco —y el estándar de gobierno que se les debe no debiera ser inferior al que la CMF exige a cualquier sociedad abierta. Esa es la pregunta que el Ejecutivo, la CMF y el Parlamento no pueden eludir: ¿cuánto de esto era evitable con una supervisión oportuna?

La reputación es el único activo empresarial que no puede comprarse. Solo puede ganarse. Y una vez deteriorada, su recuperación exige algo que no abunda cuando se trata de las propias fallas institucionales: transparencia sin cálculo y accountability sin excusas. Las organizaciones que merecen confianza no son las que no cometen errores, sino las que tienen la capacidad de detectarlos, corregirlos y rendir cuentas.

Codelco puede recuperarse. Pero para eso necesita, antes que nada, entender que cuidar la reputación no es una tarea de comunicaciones. Es una obligación de gobierno.

*La autora de la columna es coordinadora legal en Clapes UC