Chile está de luto una vez más. Dos carabineros resultaron baleados en Valdivia durante un operativo del Gope que buscaba detener al último de los prófugos del asesinato del cabo Eugenio Nain, Carlos Cancino, apodado “el Rana”. La investigación lo identificaba como autor material del homicidio del año 2020 en la Araucanía, crimen que dio el nombre a la Ley Nain- Retamal. El mismo delincuente habría sido quien disparó en el abdomen suboficial Roberto Canio, quien permanece en estado de gravedad, y en el rostro al cabo primero Marco Cosme, quien se encuentra en riesgo vital.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya viajó a la Región de los Ríos para acompañar a las familias de los afectados y supervisar las indagatorias. Por su parte, el Presidente José Antonio Kast condenó los hechos con firmeza y ordenó el despliegue de las autoridades en terreno para coordinar las acciones legales y perseguir eventuales encubridores del delincuente. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, suspendió su gira por el norte para trabajar en conjunto en la zona. Las indagatorias quedaron en manos de la Fiscalía Local y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI.

Todo esto sucede cuando, parte de la izquierda que nunca ha estado del lado de Carabineros, ya que valida la fuerza como una forma de hacer política y el monopolio de la fuerza desde el Estado les incomoda cuando ellos no son gobierno. Ciertamente toda la democracia les incomoda cuando no son gobierno, simplemente porque no son democráticos. De hecho, el 10 de junio de 2026 presentaron una acción legislativa concreta contra la Ley Nain Retamal, a través de una moción parlamentaria. El Partido Comunista junto a la izquierda extrema presentaron un proyecto de ley enfocado en derogar la legitima defensa privilegiada para policías y gendarmes de la Ley Nain Retamal. La moción fue liderada por la parlamentaria Lorena Pizarro y busca restituir la redacción penal previa respecto a las sanciones por maltrato o abusos bajo custodia estatal.

La moción de la bancada comunista ingresó a trámite legislativo para ser remitida a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, lo que generó el esperado rechazo del oficialismo, quienes respondieron impulsando la agenda “Nain- Retamal 2.0”. Esta acción aparece después que desde abril de 2026 el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH calificó de manera oficial que la Ley Nain Retamal es un obstáculo crítico para el cumplimiento de su mandato de protección de los derechos humanos. Yerko Ljubetic, director del INDH, planteó categóricamente que la normativa representa “uno de los atentados más relevantes contra el mandato del instituto”, ya que aumenta la impunidad policial, ampliando los márgenes para la presunción de legítima defensa privilegiada para las policías. Agrega que la inversión de la carga de la prueba obliga a las víctimas o querellantes a demostrar fehacientemente lo contrario para conseguir sanciones penales. Para él todo esto ha tenido un efecto en causas de violaciones de DDHH, rebajando o atenuando penas de condenas a uniformados que cometieron delitos como torturas o apremios ilegítimos como lo ocurrido con casos en el marco del “estallido social” o detenciones en el norte de Chile.

Ante estas declaraciones, RN acusó al director de emitir juicios injustos y promovió un proyecto de ley para modernizar y forzar un mayor pluralismo en el Consejo del INDH. Pero ahora en 1 de julio diputados de la UDI y el Partido Nacional Libertario enviaron una carta al Ministerio de Justicia exigiendo eliminar por completo el instituto, argumentando que padece de una presunta cooptación ideológica.

Lo cierto es que en Chile hay dos visiones frente a la labor de los uniformados y sí, se ha instrumentalizado todo lo relacionado con Derechos Humanos para favorecer a delincuentes. La izquierda hoy está de luto, no por el hecho que dos carabineros resultaran heridos, sino que porque esto atenta contra su arremetida para evitar que el orden público desde el Estado, cuando ellos no son gobierno, funcione. Lo que Chile tiene que entender es que la democracia para poder fortalecerse no debe permitir la instrumentalización de las instituciones con fines totalitarios.

Solo basta volver a leer el texto constitucional de la convención para comprender que las fuerzas de orden y seguridad desaparecían, lo mismo que los contrapesos. Se avanzaba hacia lo que no es democracia y eso es lo que siguen queriendo aún. El dolor de Chile es no cuidar, ni blindar a quienes están mandatados a protegernos, cayendo en la victimización de los delincuentes. Hoy este drama nos hace revivir la estrategia del PC y el FA, no debe haber piso para esas malas ideas.

Por Magdalena Merbilháa, periodista e historiadora.