La corrupción se ha vuelto un problema transversal en Chile, con casos en diferentes sectores. En 2023, se sumó uno más: la sociedad civil. Luego de una publicación denunciando los vínculos políticos de la fundación Democracia Viva, fuimos testigos de una seguidilla de casos de transferencias irregulares de recursos del Estado para implementar proyectos con bajo o incomprobable impacto.

El caso Convenios dejó en evidencia el escaso interés del Estado por resguardar sus recursos. No existía –y a dos años del estallido de este caso sigue sin existir– una regulación clara para la transferencia de dinero a organizaciones sin fines de lucro, con criterios mínimos de transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, esta situación llama la atención hacia otro fenómeno. En la literatura se conoce como efecto halo a esa percepción de que la sociedad civil es intrínsecamente buena, debido a los fines nobles que persigue. Esto la deja en una especie de nivel moral superior, en donde no parece necesario exigir más o controlar.

En investigaciones recientes la academia ha identificado que este sesgo produce tres efectos que pueden desencadenar irregularidades: la justificación moral (como el fin es bueno y moralmente superior, los medios para alcanzarlo pueden admitir cierto grado de inmoralidad), la superioridad moral (como perseguimos un fin tan noble, sabemos identificar el bien mejor que los demás) y la ingenuidad moral (somos, como personas de la sociedad civil, intrínsecamente buenos).

Vemos operar estos factores una y otra vez en el caso Convenios. Muchas de las transferencias irregulares estaban asociadas a proyectos de ayuda a poblaciones vulnerables. Un fin tan noble que nadie se detuvo a cuestionar si los medios para obtener el financiamiento (las conexiones políticas para lograr transferencias directas, sin transparencia ni control) eran los apropiados.

Si bien seguimos en espera de una ley marco de transferencias, mejores estándares de transparencia o beneficiarios finales; la regulación excesiva no es ni deseable ni efectiva. Los principales responsables de hacernos cargo de los riesgos de corrupción inherentes a nuestra labor somos nosotros. ¿Por qué la ley tiene que obligarnos a transparentar quién nos financia o quién nos controla? ¿Por qué no podemos ser nosotros quienes llenemos el vacío legal imponiéndonos los más altos estándares éticos?

El caso Convenios debe ser una oportunidad para repensar nuestra gestión. Los fines no justifican los medios y no podemos seguir escudándonos en ellos, o en la permanente escasez de recursos, para evitar implementar mecanismos básicos de prevención como canales de denuncias, código de ética o transparencia.

Si queremos seguir sirviendo a las personas y exigir más al Estado, debemos ser capaces de quitarnos la venda de los ojos: los riesgos existen y debemos hacernos cargo.

Por David Zavala, coordinador Sector Público, Chile Transparente