El lunes se decomisaron más de 100 toneladas de drogas en un operativo realizado de forma simultánea en tres puertos del país. Sólo a modo de referencia, se estima que el valor de este decomiso sería cercano a los US$8.000 millones, cifra cuatro veces superior al presupuesto anual de Carabineros para 2026, que alcanza los US$1.900 millones.

Por otro lado, la semana pasada conocimos de una operación que permitió desbaratar un presunto brazo del Tren de Aragua que lavaba dinero desde nuestro país. Ambas noticias demuestran que las instituciones están funcionando, pero también revelan la magnitud de la amenaza que enfrentamos y la enorme capacidad económica de estas organizaciones criminales.

Detrás de estos casos existe un desafío aún mayor: el intento sistemático del crimen organizado por infiltrarse en la cadena logística que sostiene el comercio exterior chileno. En una economía abierta al mundo, donde las exportaciones representan cerca de un tercio del PIB, el desarrollo económico depende del buen funcionamiento de una cadena logística que debe combinar competitividad, eficiencia e integridad.

Lamentablemente, las mismas redes que permiten el flujo de bienes legítimos también pueden ser utilizadas para transportar mercancías ilícitas. La integridad de la cadena logística constituye un activo estratégico del país y el fundamento de la confianza internacional en nuestras exportaciones. Su deterioro no sólo afecta la seguridad, sino también la competitividad y la reputación de Chile como socio comercial confiable.

El crimen organizado busca aprovechar esta infraestructura mediante empresas exportadoras ficticias o a través de la extorsión, corrupción y coacción de distintos actores públicos y privados. La contaminación de cargas legítimas y la infiltración de los distintos eslabones de la cadena representan una amenaza directa para nuestro modelo de desarrollo.

Enfrentar este fenómeno requiere mucho más de lo que estamos haciendo. Se necesitan legislaciones adecuadas, capacidades operativas robustas, tecnologías avanzadas, coordinación de las inteligencias policiales y de las FFAA además de una estrecha colaboración público-privada. También exige una mirada internacional. Chile está lejos de los principales centros de producción de droga, por lo que la cooperación con nuestros países vecinos, el control efectivo de fronteras y el intercambio oportuno de información resultan fundamentales.

Aunque estas actividades no suelen reflejarse directamente en las estadísticas de victimización ni en el número de homicidios, sus consecuencias para la institucionalidad pueden ser devastadoras. El objetivo final de estas organizaciones no es únicamente generar ganancias, sino debilitar y eventualmente reemplazar las instituciones por mecanismos de control basados en la corrupción, la intimidación y la violencia.

Algunos expertos sostienen que Chile enfrenta hoy un fenómeno similar al que vivieron otros países de la región hace algunos años. El caso de Ecuador demuestra cuán rápido puede crecer el poder del crimen organizado cuando logra penetrar instituciones, actividades económicas y espacios de decisión.

La clave está en elevar significativamente el costo de utilizar nuestra infraestructura logística para exportar drogas y lavar activos. Ello implica fortalecer la capacidad de detección y decomiso en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, así como profundizar la vigilancia de los flujos financieros asociados a estas organizaciones.

Según la OCDE, cada año se lavan recursos equivalentes a entre el 2% y el 5% del PIB mundial, es decir, entre US$800.000 millones y US$2 billones. Para Chile, Clapes UC estima que el costo anual de la criminalidad fluctúa entre el 2,1% y el 2,7% del PIB, superando los US$7.000 millones por año.

El momento de actuar es ahora. La defensa de la cadena logística debe convertirse en una prioridad nacional, porque proteger su integridad es proteger la competitividad de nuestra economía, la confianza en nuestras instituciones y las oportunidades de desarrollo del país. La integridad institucional es un activo irrenunciable y su defensa constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y toda la sociedad.

*El autor de la columna es director de empresas