La crisis más profunda que atraviesa el sistema de salud chileno no se expresa únicamente en las listas de espera o en la creciente deuda hospitalaria. Su origen es más silencioso, pero igualmente devastador: la pérdida de confianza. Confianza en las instituciones, en las reglas, y en la capacidad del sistema de responder cuando las personas más lo necesitan.

La sobrecarga estructural es evidente. La salud, que debiera ser sinónimo de cuidado y contención, se ha vuelto una experiencia marcada por la frustración, la burocracia y la incertidumbre.

Para avanzar, necesitamos dejar atrás la interrogante que ha dominado el debate durante décadas: ¿fortalecer el sistema público o el privado? Esa dicotomía estéril nos ha mantenido estancados. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo entregamos soluciones oportunas y efectivas a quienes necesitan atención, sin importar dónde se atiendan?

Ya demostramos que es posible. En medio de la crisis sanitaria más grave del último siglo, durante la pandemia, Chile logró articular una red integrada de hospitales públicos y clínicas privadas que duplicó la capacidad de camas UCI, coordinó la gestión de ventiladores y evitó colapsos. Nadie quedó sin atención por falta de infraestructura. La clave fue la colaboración sin prejuicios ni barreras ideológicas.

Esa misma lógica debe guiar ahora una transformación estructural. Chile necesita avanzar hacia un modelo de salud construido sobre tres pilares: confianza, colaboración y resultados. “Confianza”, para reconstruir el vínculo entre ciudadanos e instituciones. “Colaboración”, para superar la falsa dicotomía entre lo público y lo privado y generar sinergias reales. “Resultados”, para asegurar que los esfuerzos se traduzcan en más y mejor salud, no en promesas vacías ni diagnósticos eternamente pendientes.

Un ejemplo urgente donde esto puede empezar a hacerse realidad es el cáncer. Si implementáramos una Red Nacional de Resolución Oncológica, que articulara capacidades públicas y privadas con tiempos máximos garantizados —diagnóstico en 10 días, tratamiento en 30—, daríamos una señal concreta de que el sistema está al servicio de las personas. No de su propia inercia. Esto exige que el sistema se adapte a las trayectorias de vida de cada persona, reconociendo que las decisiones sobre salud no son solo clínicas, sino humanas. Permitir elecciones informadas, garantizar acceso efectivo a servicios de calidad y asegurar continuidad en la atención son condiciones básicas para restablecer la legitimidad de la salud como derecho.

Chile cuenta con el conocimiento, las instituciones y el talento humano —en el sector público y privado— para hacerlo. Solo falta voluntad para asumir que mejorar el sistema no es proteger estructuras, sino proteger personas. Recuperar la confianza no es un acto simbólico, es garantizar que ningún chileno se sienta solo cuando su salud está en juego. Ese es el sueño postergado. Y si tenemos el coraje de impulsarlo, aún estamos a tiempo de hacerlo realidad.

Por Paula Daza, directora ejecutiva del CIPS UDD