El anuncio de la ministra May Chomali de incorporar todos los tipos de cáncer al Plan AUGE/GES antes de 2031 llegó con fuerza en su primera cuenta pública, y es comprensible el entusiasmo: el cáncer mata a 30.000 chilenos al año y ya es la primera causa de muerte en varias regiones. Cualquier medida que prometa más acceso y protección financiera suena no solo razonable, sino que urgente. Pero hay una pregunta que no puede eludirse: ¿es esto costo-efectivo y está el sistema preparado para cumplirlo?

El GES se diseñó bajo un principio técnico preciso: priorizar patologías donde el Estado genere el mayor beneficio sanitario al menor costo posible. No todos los cánceres son iguales: un cáncer de mama en etapa temprana, con altísimas tasas de sobrevida, no tiene el mismo retorno sanitario que uno de páncreas avanzado, cuya sobrevida a cinco años no supera el 10%. Algunos tratamientos de última generación superan los $100 millones por paciente con resultados modestos, e incorporarlos sin evaluación rigurosa podría comprometer la sostenibilidad de todo el sistema.

El problema mayor, sin embargo, es otro: ¿está el sistema preparado para cumplir lo que promete? Chile arrastra déficits estructurales serios: escasez crítica de oncólogos, infraestructura aun deficiente mal distribuida y listas de espera que ya desbordaban el sistema antes de ampliar las garantías. La propia Alerta Oncológica fue necesaria porque el sistema estaba colapsado. Crear una garantía legal sin resolver estos nudos no soluciona el problema, lo judicializa: el paciente tendrá el derecho escrito, pero si el sistema no puede cumplirlo, el resultado será frustración y muertes evitables.

Para que esta promesa sea real, el nuevo AUGE oncológico debe venir con condiciones concretas e innegociables. Primero, activación automática del segundo prestador: hoy, cuando el sistema público no cumple los plazos GES, es el paciente quien debe gestionar por su cuenta la derivación, algo inaceptable en oncología. El Estado debe derivar de inmediato a una red alternativa, pública o privada, sin que el enfermo pelee por su derecho en el peor momento de su vida.

Segundo, integración real de la red público-privada: Chile tiene capacidad instalada en clínicas privadas que permanece subutilizada mientras los hospitales públicos colapsan; una red con protocolos compartidos registros interoperables y financiamiento cruzado permitiría usar todos los recursos en función del paciente, no del sistema al que pertenece.

Tercero, descentralización del tratamiento: los centros especializados se concentran en Santiago y algunas capitales regionales. Un paciente de La Araucanía o de Aysén no puede ejercer su garantía GES si para hacerlo debe trasladarse cientos de kilómetros, abandonar su trabajo y su familia. La garantía debe llegar al territorio, no el paciente a la garantía.

Cuarto, formación acelerada de especialistas con incentivos reales para el sistema público: sin oncólogos, radioterapeutas y patólogos suficientes, cualquier decreto es letra muerta. Y quinto, evaluación técnica sanitaria rigurosa antes de cada incorporación, porque no todos los cánceres deben entrar al GES igual ni al mismo tiempo.

La dirección del anuncio es correcta y la injusticia que busca corregir es real. Pero un decreto sin sistema detrás es solo una promesa.

Por Luis Castillo Fuenzalida, ex subsecretario de Redes Asistenciales Minsal, Director del Instituto Libertad