La noticia causó alto impacto. Un ex fiscal del Ministerio Público, ampliamente conocido cuando ejercía funciones directivas en el órgano de persecución penal y que luego trabajó en la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto a algunos funcionarios de la PDI y otras personas, se habrían asociado para montar una operación de secuestros extorsivos. Esto consistía en simular detenciones policiales, para luego proceder a exigirles un pago por su liberación, aprovechándose para ello de la calidad de abogado de las víctimas del exfiscal, las que, a su vez, pertenecían a una conocida organización criminal.

En la región de Coquimbo, un funcionario del Laboratorio de Criminalística de esa institución recibía un pago por cada vez que consultaba en las bases de datos policiales, para verificar si determinadas personas eran objeto de alguna investigación. Luego, se informó que el jefe de la policía civil de la Región de Atacama había presentado su renuncia a la institución, como consecuencia de una investigación interna que, es de suponer, le afecta en algún grado.

Los últimos dos Directores Generales de la PDI han sido objeto de investigaciones penales, uno cumple una alta condena y el otro está formalizado. La situación en Carabineros también da señas preocupantes, desde el caso de corrupción que involucraba a gran parte de su área de contabilidad y finanzas, son varias las investigaciones que afectan incluso a ex miembros de su alto mando.

No es necesario ser especialista en crimen organizado para saber que estos grupos afectan la vida social de formas graves y diversas. Primero, la violencia escala a un nivel que la delincuencia común no alcanza ni de lejos; luego, el control territorial, que comienza por los barrios y puede llegar a afectar extensas zonas del territorio de los países; la corrupción de las instituciones, que se inicia por las que están más cerca de sus intereses, esto es, todas las que están a cargo de la seguridad y la persecución penal, hasta alcanzar la política y las instituciones de Gobierno.

Esta es la senda en la que estamos. Negarlo o minimizarlo sería un grave error de consecuencias difíciles de exagerar. Los chilenos tenemos la tendencia a querer creer que somos “diferentes”, que a nosotros no nos sucede lo mismo que a otras naciones de Hispano América. En parte, ello es verdad, pero solo en parte. Igual que todo el resto de nuestro subcontinente permanecemos sin alcanzar el desarrollo, con todo lo que eso implica. El aislamiento geográfico que nos protegía ha perdido relevancia y las organizaciones criminales se han vuelto extraordinariamente poderosas, verdaderas transnacionales del delito.

Aplicar el sano principio de que “las instituciones funcionen” no basta, porque sencillamente no están funcionando. Es urgente impulsar reformas, fortalecer conceptos como el de compliance, incrementar las áreas de control interno, pero especialmente asumir que tenemos un mamut en la habitación y antes que nos demos cuenta habrá hecho un daño irreparable.

Por Gonzalo Cordero, abogado