El Presidente José Antonio Kast instruyó a distintos ministerios la elaboración de un plan de emergencia laboral, como forma de contener el fuerte desempleo que ya está al borde de alcanzar los dos dígitos, y que se ha traducido en que actualmente unas 980 mil personas se encuentren sin empleo. Según ha trascendido, los detalles de la iniciativa serían anunciados a fines de mes o a comienzos de octubre, una vez que se tengan las cifras de actividad de julio y se conozca la cifra de desempleo del trimestre junio-agosto, la que aparentemente vendrá con datos aún peores. El objetivo apuntaría a crear 25 mil puestos de trabajo, que se sumarían a otros 25 mil que de aquí a fines de octubre pretende poner en marcha la mesa intersectorial. A ello se añade la definición adoptada por el gobierno en orden a que la Ley de Presupuestos 2027 coloque fuerte énfasis en la creación de empleos.

A estas alturas no cabe duda de que el país atraviesa por una emergencia laboral, lo que se refleja en que la principal preocupación de la ciudadanía -según muestran distintos estudios de opinión- ha dejado de ser el tema de la inseguridad y ahora dicho lugar lo ocupa la falta de oportunidades laborales y la persistente caída del crecimiento. La Ley de Reconstrucción, recientemente despachada por el Congreso, abre sin duda perspectivas positivas en el mediano y largo plazo, pues se espera que la batería de incentivos tributarios que esta contiene dinamice fuertemente la inversión y con ello también el mercado laboral, sobre todo en sectores muy intensivos en mano de obra, como es la construcción. Un plan para crear empleo en el corto plazo, que permita un alivio temporal, era una pieza faltante en el diseño, y desde esa perspectiva los anuncios del gobierno son oportunos.

Con todo, es necesario no perder de vista lo que verdaderamente está en juego aquí. Por de pronto, los 50 mil puestos de trabajo que se busca crear en los próximos meses, aunque valiosos en el contexto actual, apenas constituyen un paliativo frente a la magnitud del desemplo, de modo que el objetivo primordial del gobierno debe ser apuntar a las razones de fondo que han generado este indeseable fenómeno. Si la desocupación se mantuvo sobre 8% por 39 meses, superando a partir de abril el 9%, y la evidencia muestra que nuestra economía no ha logrado recuperar las cifras de empleo que tenía antes de la pandemia, quiere decir que el problema es ya de orden estructural, y por tanto lo verdaderamente urgente no es dar con planes de emergencia, sino revertir las causas que han llevado a que la “nueva normalidad” sea un desempleo en torno a los dos dígitos. Sin que ello ocurra, hay razonables dudas de que el mayor impulso que traería el tren de inversiones esperadas se traduzca a su vez en una creación tan intensiva de empleos como la que se necesita, poniendo en entredicho la exigente meta autoimpuesta por Hacienda, en orden a terminar el período con un desempleo de 6,5%.

Desde luego, es evidente que el contexto de una economía que se ha desacelerado tan fuertemente en la última década no favorece un mercado laboral dinámico. Volver a crecer es por tanto un imperativo, y en ello la Ley de Reconstrucción juega un rol clave. Pero dado que a nivel internacional se observan países similares a la economía chilena sin esta crisis de empleo -basta ver lo que ocurre en Perú, cuya tasa de desempleo alcanza a poco más del 4%-, cabe asumir que una parte importante del problema ha sido ocasionada por decisiones internas, y allí resulta evidente que el aumento desbocado de los costos laborales en solo algunos años -en una década se han incrementado en torno al 50%- aparece como la razón más preponderante para explicar la persistencia de un desempleo tan elevado.

Así, diversas voces expertas han señalado que el aumento del salario mínimo –datos de LyD indican que solo entre abril de 2023 y enero de 2025 este acumuló un alza de 24,5%, mientras el IPC subió solo 7%-, la ley de las “40 horas” así como los mayores costos que ha impuesto la reforma previsional a los empleadores, han sido los principales cambios que terminaron por disparar los costos laborales, desincentivando fuertemente la contratación. A ello se suma una legislación laboral con una serie de trabas, como ocurre con la indemnización por años de servicio, que al hacer sumamente oneroso el despido termina generando un bloqueo en las empresas: estas muchas veces no logran solventar los costos de una desvinculación, y los trabajadores que han acumulado años de servicio se resisten a buscar otro empleo, para no perder el beneficio, lo que traba la contratación de jóvenes.

No se ha asumido ninguna autocrítica por parte de aquellos sectores que impulsaron esta multiplicidad de cambios no solo muy costosos para las empresas, sino además realizados irresponsablemente en forma simultánea, desoyendo las advertencias expertas sobre sus previsibles impactos en materia de empleo, y presentándolos en cambio como grandes conquistas sociales, algo ciertamente discutible cuando un número tan elevado de chilenos no encuentra trabajo y la informalidad ha escalado hasta el 27%.

Vale la pena poner atención al diagnóstico que el Banco Central entregó en su último Informe de Política Monetaria sobre el mercado laboral chileno, donde entrega evidencia actualizada para explicar su marcada debilidad. La entidad indica que dicho fenómeno se explica “de manera relevante por factores persistentes, entre los que se cuentan aumentos importantes de los costos laborales, en medio de un proceso de adopción tecnológica que se ha acelerado. Esto ha dado paso a dinámicas que estarían debilitando persistentemente la creación de empleo y presionando al alza el desempleo, y que se espera sigan afectando la evolución del mercado laboral”, haciendo ver que en la evolución más reciente del empleo también se conjugan factores cíclicos.

En este contexto, cabe valorar que el Ministerio del Trabajo haya presentado un proyecto de ley para flexibilizar la forma en que se aplicará la jornada laboral de las 40 horas -para lo cual se propone ampliar el ciclo de cálculo de las cuatro semanas actuales hasta 16 semanas como régimen general-, así como otra propuesta para introducir los contratos de trabajo por horas. También se apronta a enviar una iniciativa que busque que la indemnización sea a todo evento, financiada con cargo a cotizaciones, además de evaluar otros cambios en materia de teletrabajo o polifuncionalidad. Son pasos que ayudarían a la flexibilización y a disminuir costos, pero el rechazo que ya se advierte en sectores de oposición adelanta lo difícil que será este debate y lo mucho que ha costado asimilar las lecciones que han dejado las reformas ya realizadas en cuanto a pérdida de empleos. Lo cierto es que sin estos y otros necesarios cambios de fondo, los chilenos difícilmente podrán esperar que sus perspectivas en materia de empleo mejoren sustantivamente.