El ministro de Justicia, Fernando Rabat, en entrevista con este medio, ha reiterado los criterios con que el gobierno del Presidente Kast pretende abordar el tema de los indultos a militares condenados ya sea en el marco del llamado estallido social, o por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Al respecto, el secretario de Estado señaló que “nosotros hemos fijado desde el día uno un derrotero, y ese derrotero supone recibir las peticiones de indulto que se ingresan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y generar un proceso administrativo respecto de cada uno de ellos para obtener los antecedentes, para tener expedientes y para poderlos analizar”. Incluso desestimó la versión entregada por algunos parlamentarios oficialistas y del Partido Nacional Libertario (PNL), quienes tras una reunión con el Presidente Kast señalaron que “los indultos van”, precisando que el jefe de Estado, según lo que él mismo ha señalado, va a esperar los análisis respectivos sobre esta materia.

El tema de los indultos se ha vuelto una materia compleja para el Presidente Kast, particularmente por las presiones que está recibiendo desde el propio oficialismo para que cumpla cuanto antes con su compromiso de campaña. El PNL incluso ha impulsado un proyecto de ley para conceder un indulto general a todos los uniformados condenados por hechos ocurridos en el contexto de octubre de 2019, el cual también cuenta con el respaldo del Partido Republicano.

El ministro Rabat señaló en otra intervención que han llegado a su Ministerio del orden de un centenar de peticiones de indulto, la mayoría de las cuales corresponde a condenados en el contexto del año 73, algo que ciertamente obliga a actuar con celo y especial prudencia, atendida la enorme sensibilidad que genera el tema de los derechos humanos. Los lineamientos que ha trazado el ministro resultan por lo mismo acertados, porque sugieren que el diseño no apuntaría a la concesión de indultos generalizados, sino a una evaluación en función del mérito de cada caso, con lo cual se envía la señal de que se busca despolitizar este proceso. Las declaraciones que formuló el Mandatario a comienzos de esta semana, donde junto con expresar su convicción de que no corresponde que una persona fallezca en prisión debido a su condición de salud, a la vez de enfatizar que se deberá evaluar caso a caso, parecen apuntar en la misma dirección.

Hay un debate abierto en la sociedad sobre la pertinencia de que exista la facultad del indulto. Todos los presidentes desde el retorno a la democracia la han utilizado, en algunos casos de una manera muy controversial, como le ocurrió al expresidente Boric cuando otorgó el beneficio a 13 condenados por delitos cometidos en el contexto de 2019, y es previsible que una polémica similar ocurrirá si el Presidente Kast ejerce también la facultad. De allí que resulte muy relevante que dicha atribución sea ejercida de una forma particularmente rigurosa, con fundados antecedentes de que detrás de ello hay una decisión sobre todo de carácter humanitario, porque en la medida que el indulto se utilice para satisfacer finalidades políticas es evidente que aquel se desnaturaliza y reabre heridas en la sociedad.