El precio de los medicamentos en Chile viene generando la perplejidad y el enojo de la población desde hace tiempo. No se logra entender por qué, según lo que se ha conocido, los laboratorios logran diferenciar los precios a los cuales abastecen a Cenabast (entidad que compra para los hospitales públicos), de los precios -mucho más altos- que pagan las cadenas farmacéuticas privadas. Comprobando que algo extraño sucede, muchas municipalidades han encontrado espacio para poner en marcha "farmacias populares", que entregan medicamentos a precios muy inferiores a los de las cadenas farmacéuticas privadas, gracias a que logran abastecerse de medicamentos a precios inferiores, en este mercado segmentado que prevalece.

También, hay evidencia de precios en Chile varias veces superiores a los que existen en otros países para muchos medicamentos. Es común escuchar de personas que viajan a Argentina a reponer sus medicamentos, aprovechando precios sustancialmente menores en dicho país. Incluso, ha habido testimonios de personas que aseguran que la diferencia de precios en los medicamentos que deben tomar en forma permanente es tal, que les vale la pena viajar una vez al año a adquirirlos en Europa.

Parece que estamos ante alguna forma de cartelización y que su origen no está lejos de la regulación estatal de la industria farmacéutica. Así se entiende, por ejemplo, que, ante estos precios elevados, grupos de familias que deben adquirir medicamentos para tratar dolencias crónicas, logren autorización oficial para importar directamente sus medicamentos, a través de organizaciones ad hoc, o logren acceso a precios sustancialmente inferiores desde organismos que se benefician de algún permiso especial, concedido para estos casos "catastróficos".

El Estado ha sido enteramente inefectivo enfrentando esta situación. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha estudiado la industria, y no ha encontrado falta de competencia. Hace algunos meses, ante una situación que sigue siendo opaca, la FNE encargó nuevos estudios, que abarcarán los diferentes segmentos de la industria farmacéutica, y que se conocerán solo en 2019. Tras años, el nudo Gordiano sigue intacto. El Instituto de Salud Pública (ISP), en el corazón de esta industria, mantiene el control absoluto de los medicamentos que se comercializan en Chile y, cualesquiera sean los grupos de interés involucrados, siguen beneficiándose de las regulaciones existentes.

Pero hay propuestas inteligentes y simples para romper este nudo Gordiano: que se autorice la comercialización en Chile de medicamentos no autorizados por el ISP, en la medida que cuenten con la autorización de la Food and Drug Administration (FDA), que es la agencia equivalente a nuestro ISP para regular la comercialización de medicamentos en Estados Unidos; o por la Agencia Europea de Medicamentos (AEM), que cumple esas funciones en la Unión Europea. Salvo que nuestro ISP sea más confiable que la FDA y la AEM, tendríamos todos los beneficios de una mayor competencia, sin pérdida de seguridad en los medicamentos. Con alta probabilidad habríamos solucionado un problema gravísimo. Sería interesante ver qué argumentos hacen preferible prolongar la estrategia actual, que ha probado ser inútil.