Chile necesita reformar su empleo público. En distintos diagnósticos se repiten propuestas sobre mérito, movilidad, evaluación y nuevas causales de cesación. La discusión difícil empieza después: quién recibirá las facultades para ejecutar esa reforma y bajo qué controles.

El sistema combina una entrada más flexible que la salida, evaluaciones que discriminan poco y escasa movilidad. El mérito no puede agotarse al ingresar ni la estabilidad convertirse en inamovilidad. Corregir sólo la salida, sin profesionalizar la entrada, podría producir algo peor: discrecionalidad para entrar y discrecionalidad para salir.

Eliminar una rigidez no elimina poder: lo traslada. Si una evaluación tiene consecuencias, aumenta la capacidad de quien evalúa para incidir sobre la permanencia. Si una reestructuración permite suprimir puestos, alguien determina cuáles. Reformar el Estatuto Administrativo no es sólo modificar reglas laborales: es redistribuir poder dentro del Estado.

Las jefaturas necesitan facultades efectivas para gestionar. La estabilidad puede proteger al buen funcionario frente a la arbitrariedad, pero también dificultar la salida de quien no cumple. El mal desempeño acreditado debe tener consecuencias. Un servicio civil profesional requiere tanto protección como responsabilidad. Cuando una evaluación puede terminar una carrera surge entonces la pregunta: ¿quién evalúa al evaluador? A mayor poder sobre la permanencia, más verificables deben ser los criterios y más efectiva su revisión. Sin esos contrapesos, flexibilizar puede sustituir rigidez por dependencia.

No todo mal funcionamiento estatal es atribuible al funcionario. Un servicio puede fracasar por su dirección, procesos o diseño, y tener exceso de dotación en unas funciones mientras carece de capacidades en otras. Despedir es más sencillo que rediseñar organizaciones. No confundamos ambas cosas.

La comisión convocada por Jorge Quiroz no parte de cero. Gobiernos anteriores, organismos públicos y centros de pensamiento acumularon diagnósticos y propuestas. Sus 120 días deberían concentrarse donde termina el acuerdo: evaluación, causales de salida, reestructuraciones y separación entre carrera administrativa y confianza política.

La regla debería operar en ambas direcciones: más difícil entrar sin mérito, más fácil moverse con capacidades, más fácil salir por mal desempeño acreditado y más difícil salir por razones políticas.

La reforma no debería juzgarse por cuántos funcionarios permita despedir, sino por una prueba más exigente: si permite remover al incompetente sin entregar al poder político la capacidad de remover al independiente. Un Estado profesional exige que el mérito gobierne el ingreso, el desempeño importe para permanecer y la obediencia política nunca sea condición para quedarse.

Esta versión además mejora el cierre: ya no pretende que tres variables expliquen exhaustivamente la carrera funcionaria; formula criterios normativos verificables para juzgar la reforma. La tesis queda más difícil de refutar porque distingue con mayor cuidado entre lo que sabemos, lo que inferimos y lo que proponemos.

Por Jessica Cuadros, economista