La democracia moderna ha sido democracia representativa. No fue democracia directa o participativa, aunque la tensión persiste. Por ello, la congruencia entre representantes y representados es una señal de su buen funcionamiento mientras que la falta de correspondencia, un mal síntoma y una fuente de desafección ciudadana.

Criteria y el Laboratorio Constitucional (LABCON) de la UDP han realizado un interesante estudio, en el cual contrastan las opiniones de la ciudadanía con las de los parlamentarios. El resultado es inquietante. Mientras el 83% de los ciudadanos piensa que los servicios básicos de agua, luz y gas deberían ser estatales, solo el 46% de los parlamentarios cree lo mismo. El 81% de los ciudadanos piensa que el sistema de pensiones (AFP) debería ser público-estatal, en cambio, solo el 39% de los parlamentarios lo cree. Solo el 23% de los ciudadanos cree que las Isapres deberían seguir siendo privadas y, por el contrario, el 60 % de los parlamentarios sí lo cree.

En materias valóricas se observa una mayor congruencia. El 66% de los ciudadanos es partidario del matrimonio homosexual, y el 65% de los parlamentarios también lo es. El 72% de los ciudadanos y el 69% de los parlamentarios no son partidario del aborto "bajo cualquier causal" (desafío para los/as partidarios/as del "aborto libre": cómo enfrentar este debate). Menos correspondencia se observa en el caso de la muerte asistida o eutanasia: el 82% de los ciudadanos es favorable a ella, mientras que solo el 62% de los parlamentarios lo es.

Por último, mientras el 60% de los ciudadanos cree que "se debe limitar el ingreso de inmigrantes, porque afecta el acceso al trabajo de los chilenos", solo el 19% de los parlamentarios comparte dicha opinión.

De este estudio lo que emerge es una ciudadanía con una orientación muy favorable a soluciones público-estatales cuando se trata de proveer servicios básicos y satisfacer derechos sociales y, en general, más liberal que conservadora en lo valórico.

Sobre inmigración, es claro que la ciudadanía la percibe más problemática que la élite parlamentaria. Posiblemente, en ello el gobierno basa su mediática política migratoria. Para el progresismo, esto plantea un desafío mayor. Sin duda, no puede adherir a la política punitiva y con tintes discriminatorios que asume la derecha, pero desde sus propios valores está obligado a asumir el desafío de instalar un debate que logre producir cambios en esta percepción ciudadana. De lo contario, este tema será un clivaje político-electoral por donde la derecha encontrará mayor sintonía -como ha sucedido en varias latitudes- con sectores populares y de trabajadores.

En definitiva, un interesante estudio que deja en evidencia que la representación política y, con ello, la democracia, no gozan de buena salud. Y obliga a los actores políticos a aguzar el oído frente a la ciudadanía y la calle.