El triste espectáculo que esta semana brindó la Cámara de Diputadas y Diputados al país, montando un show mediático en torno a la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, ha llevado a asentar el diagnóstico de que nuestro sistema político tocó fondo, y por tanto urge un cambio estructural que, junto con asegurar una adecuada representatividad de las distintas sensibilidades políticas, a su vez proporcione los incentivos para asegurar razonables grados de gobernabilidad.

La política-espectáculo se ha vuelto parte de nuestra realidad, y ejemplos de ello abundan. Fue lo que ha ocurrido a lo largo de los retiros desde las AFP, donde parlamentarios de todos los espectros políticos no han dudado en privilegiar sus propios intereses electorales -buscando afanosamente su reelección- en desmedro del interés nacional, sin que faltaran los que han concurrido a votar disfrazados, o bien llevado a cabo vistosas performances en el hemiciclo. La degradación en la que se ha caído también ha quedado de manifiesto en el desprecio que parte importante del Congreso ha expresado por el saber técnico, así como por las instituciones del país. Las inaceptables descalificaciones de las que fue objeto del presidente del Banco Central -explicando los dañinos efectos que tendría el cuarto retiro-, o la indiferencia frente a un sinnúmero de expertos que advierten sobre las consecuencias de seguir extrayendo recursos desde las cuentas de las AFP, son una muestra más de esta decadencia.

Esto no deja de ser irónico, pues en la misma semana que se brindó el espectáculo de la acusación constitucional -donde la imagen que pasará a la posteridad será el diputado socialista Jaime Naranjo hablando 15 horas seguidas, con el único afán de extender artificialmente la sesión-, el Congreso -incluso con votos de oposición- votó a favor de extender por otros 15 días el estado de emergencia en la Macrozona Sur -y por tanto prolongar la presencia de militares en labores de vigilancia-, mientras que en el Senado se logró rechazar -por un voto de diferencia- el cuarto retiro, forzando a una comisión mixta con los diputados, lo que llevará a modificar sustancialmente el proyecto, sin que pueda descartarse que no vea la luz. Dice mucho sobre el actual estado de cosas que estos logros apenas trascendieran a la opinión pública, eclipsados por el bochorno que implicó el espectáculo de la acusación.

Las consecuencias de todo esto son gravísimas para la salud de la democracia. No puede ser indiferente que los partidos políticos y el Congreso estén entre las instituciones que menor confianza despiertan en la población; tampoco que el país se esté afectando gravemente con políticas públicas populistas que destruyen la estabilidad macroeconómica y desconocen las atribuciones privativas que la Constitución confiere al Presidente de la República; todavía más grave es que con el paso del tiempo ha tendido a bajar la adhesión a la democracia, y se observa un aumento -sobre todo en jóvenes- que ven en la violencia una vía legítima para reivindicar causas sociales.

Es difícil precisar cómo se llegó a este desbande. Parte parece responder a fenómenos más globales -el desmedido afán mediático y la fabricación de escándalos artificiales son males de nuestro tiempo-, pero el cambio de sistema electoral para las elecciones de 2017 -en que se transitó desde un sistema binominal hacia un proporcional corregido para elegir parlamentarios-, lo que si bien permitió la llegada al Congreso de grupos más diversos, exacerbó la atomización, favoreció que numerosos parlamentarios fueran elegidos con votaciones de 5% o menos, creando así los incentivos para buscar protagonismo a como diera lugar, y haciendo más difícil la gobernabilidad, así como la búsqueda de acuerdos. Sin pudor, algunos congresistas se ufanan de que hoy tenemos un parlamentarismo “de facto”, sin aquilatar sus implicancias.

Es claro que el país, con una política que se ha desfondado en esta forma, avanza hacia un callejón sin salida, y ello debe ser urgentemente abordado como una de las tareas más acuciantes que tiene el país por delante. La instancia a la que cabe la mayor responsabilidad aquí es a la Convención Constitucional, pues en sus manos estará la delicada labor de repensar el sistema, de modo que tanto el sistema electoral, como el régimen político dialoguen y favorezcan, por sobre todo, la gobernabilidad, reduciendo hasta donde sea posible los incentivos para que siga la política-espectáculo.

Se trata de una materia de especial complejidad, pues no hay un régimen político que en sí mismo corrija todos estos males, como tampoco un sistema electoral óptimo. La comisión de sistema político de la Convención ha estado recibiendo numerosas presentaciones en las últimas semanas, donde abunda la disparidad de miradas. Algunas de las ponencias favorecen seguir con un presidencialismo, pero atenuado; otros han hecho ver la necesidad de avanzar hacia un sistema unicameral, o bien mantener el Senado, pero con funciones y expresión territorial distinta, no ya como cámara revisora; también se han escuchado allí voces que promueven un régimen parlamentario, el que tiende a favorecer la conformación de grandes coaliciones, lo que daría más chance de gobernabilidad. ¿Deberían los parlamentarios seguir eligiéndose bajo el sistema actual, o en listas cerradas conformadas por los partidos, o bien en distritos uninominales? ¿Es razonable que puedan seguir siendo electos parlamentarios con mínimos porcentajes de votación?

En la Convención parece no existir el sentido de urgencia de la tarea que tienen entre manos, pero este nuevo diseño institucional será fundamental para asegurar la salud de la democracia. Ninguna estructura será suficiente, en todo caso, si es que los parlamentarios y los partidos no asimilan la importancia de no quebrar las reglas establecidas y hacer el esfuerzo por tomarse en serio el trabajo que los chilenos han depositado en sus manos.