SEÑOR DIRECTOR:

Nunca en la historia democrática de Chile se ha hecho una reforma para reducir la cantidad de personas que pueden votar. Con calculadora en mano, el gobierno propone suprimir el derecho a voto de los migrantes regulares en elecciones presidenciales y parlamentarias. El cooptado Instituto Nacional de Derechos Humanos, con su silencio, genera un nuevo -y riesgoso- precedente sobre regresividad de derechos políticos.

Arturo Hasbún Nazar

Coordinador de Políticas Públicas

Fundación Jaime Guzmán