Suele ser recurrente que las autoridades frente a problemas que presentan las instituciones reaccionen convocando a comisiones de expertos para que se aboquen a la búsqueda de soluciones del mal o males detectados. Muchas de éstas han sucumbido en el intento o con el paso del tiempo poco o nada se ha consumado de sus propuestas. Justo es reconocer que también han existido aquellas que a partir de sus propuestas permitieron importantes avances legislativos o contribuyeron sustancialmente a promover correcciones.

Con ocasión de los acontecimientos posteriores al 18 O, se hicieron patentes las graves dificultades por las que atraviesa nuestra más importante policía, Carabineros, a la hora de dar cumplimiento al mandato constitucional de dar seguridad a las personas y eficacia al derecho. Tanto desde el Ejecutivo (Ministerio del Interior) como desde el Senado de la República (Comisión de Seguridad), surgieron iniciativas para crear comisiones o consejos de modo de asumir la tarea reformadora de la institución casi centenaria. La surgida de la Cámara Alta ha terminado su trabajo; en ella participaron senadores, personeros con experiencia en el ámbito político de la seguridad pública así como un importante grupo de académicos y miembros de fundaciones con experiencias acumuladas en el área. La radicada en La Moneda terminó sus sesiones y solo falta la aprobación del informe final.

Todo indica que no solo hay coincidencias en los nombres que las integraron, sino también en las propuestas. Las coincidencias para abordar la crisis de confianza, de legitimidad, se concretan en propuestas relativas a subordinación al poder civil, sistemas de control, monitoreo y evaluación. Ambas se detienen en diversas medidas de vigencia del orden público, como un atributo indispensable en el desarrollo democrático, con pleno respeto a los derechos humanos. Y de ambas surge la necesidad de modificar la forma orgánica del ministerio encargado de la Seguridad, antaño Defensa, desde 2011 Ministerio de Interior y Seguridad Publica.

Como ya se ha indicado en estas páginas, parece de toda lógica radicar la importante labor de la seguridad pública -el orden público- desde la responsabilidad política en un ministerio que tenga esa exclusiva competencia, y deje de ser una más del jefe político del gabinete; ello a todas luces no ha resultado. En la etapa democrática iniciada a comienzos de los '90, gobiernos de diverso signo apostaron por Carabineros a la hora de dar respuesta a las demandas ciudadanas, crecientes en esta área. Todos lo hicieron allegando ingentes recursos públicos, aumentando casi tres veces la planta funcionaria. Lo anterior no fue acompañado de cambios orgánicos, de prácticas de transparencia, de control exógeno real; los efectos están a la vista, pero ciertamente era ilusorio haber esperado que la modernización surgiera desde las propias filas de la institución.

Se requiere urgentemente de una policía moderna; se trata de reformar, no de destruir los numerosos aspectos positivos de Carabineros.