En el debate público aparecen, de vez en cuando, frases que conectan rápidamente con una intuición ciudadana legítima. ¿Cómo asegurar que los recursos públicos invertidos generen valor para la sociedad?

Esa inquietud merece una respuesta basada en evidencia, porque la investigación produce justamente lo que más necesitamos: productividad, innovación, mejores instituciones y empleo de calidad.

El impacto de la investigación rara vez es inmediato o visible. No opera como una obra pública que inaugura puestos de trabajo al día siguiente. Funciona de manera silenciosa, pero profunda: forma capital humano avanzado, mejora procesos productivos, impulsa nuevas tecnologías, fortalece la toma de decisiones públicas y amplía la capacidad de una economía para adaptarse.

La historia del desarrollo económico muestra un patrón consistente: las economías que logran saltos sostenidos de productividad son aquellas que invierten sistemáticamente en conocimiento.

En Chile, la evidencia apunta en esa dirección. La innovación no surge espontáneamente; requiere ecosistemas donde universidades, empresas y Estado colaboren. Diversas evaluaciones de programas públicos de apoyo a la innovación muestran efectos positivos sobre productividad y difusión tecnológica hacia otras firmas, generando beneficios que van más allá del proyecto financiado.

Ese punto es clave porque productividad y empleo están íntimamente ligados. Las economías que producen más valor por trabajador pueden pagar mejores salarios, sostener empresas más competitivas y crear empleos de mayor sofisticación.

Nuestro país invierte alrededor de 0,4 % de su PIB en investigación y desarrollo. El promedio de la OCDE supera el 2,7 %, mientras que países como Corea del Sur e Israel superan el 5 %. Esa diferencia refleja una brecha en la capacidad de producir conocimiento propio y capturar mayor valor agregado. No es casualidad que las economías intensivas en conocimiento generen empleos más productivos y mejores salarios.

Pero la investigación que un país necesita no se agota en laboratorios o patentes. También requiere ciencias sociales y humanidades, pues los problemas que frenan el desarrollo suelen ser institucionales y sociales: baja confianza interpersonal, débil cohesión social, mala calidad regulatoria, sistemas educativos insuficientes o políticas públicas mal diseñadas. Comprender esos fenómenos requiere historia, filosofía, sociología, derecho, ciencia política y economía.

Esa investigación puede no traducirse en un producto comercial inmediato, pero sí en mejores diagnósticos y sociedades capaces de resolver sus conflictos. También fortalece capacidades humanas que hoy adquieren renovada importancia. En un mundo marcado por la inteligencia artificial, habilidades como el pensamiento crítico, el juicio, la creatividad, la comunicación compleja y la comprensión cultural serán crecientemente valiosas.

Por supuesto, siempre hay espacio para mejorar. La investigación debe ser exigente, bien evaluada, transparente y conectada con los desafíos del país. Debemos financiar la excelencia, fortalecer la transferencia tecnológica y exigir impacto cuando corresponda. Sin embargo, sería un error concluir que la investigación tiene un valor marginal para el desarrollo.

Las naciones que prosperan son las que toman en serio la producción de conocimiento. No porque cada proyecto produzca un retorno inmediato, sino porque, acumulativamente, la ciencia, la innovación y la reflexión intelectual amplían la frontera de lo que una economía puede llegar a ser. Y allí, silenciosamente, comienza el desarrollo.

El autor de la columna es decano de la Facultad Economía y Negocios Universidad Finis Terrae