Este miércoles, en el podcast LO QUE IMPORTA, critiqué el comunicado en que el Frente Amplio acusaba “espionaje político” por la investigación del caso ProCultura. Dije que, “para un grupo que prometía combatir las malas prácticas, su comunicado haciéndose las víctimas es una vergüenza”.

Y agregué que “eso no significa que los fiscales sean ángeles ni infalibles. Por supuesto que tienen sesgos, se equivocan y pueden abusar incluso de su poder. Y por eso hay mecanismos judiciales para controlarlos: jueces de garantía, recursos de queja, tribunales superiores. Ese es el procedimiento. No tener a políticos intimidando a quienes los investigan a ellos mismos”.

Dos días después, esos mecanismos funcionaron. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, y declaró ilegal el pinchazo de su teléfono.

Huneeus es la expareja de Alberto Larraín, exdirector ejecutivo de ProCultura. Su nombre no estaba en el listado de personas cuyos teléfonos habían sido intervenidos con autorización del juez de garantía. Pero su número de todos modos fue pinchado, según la Fiscalía por equivocación, y las escuchas no cesaron de inmediato al percatarse los investigadores del error. En cambio, la jueza de garantía accedió a incluir su número en la lista. Entre las conversaciones de Huneeus se incluye una con el Presidente Gabriel Boric, quien fuera su paciente.

La defensa de Huneeus reclamó a la corte, y el fallo de esta fue contundente. Los jueces señalaron que “resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República”.

Repasan a la jueza de garantía por “no advertir la ilicitud ramplona devenida en el actuar de los agentes policiales”. Y concluyen que “se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”.

Es un fallo durísimo contra las policías, la jueza de garantía y, en especial, contra el fiscal Patricio Cooper. Pocas horas después, el fiscal nacional sacó a Cooper de la investigación y lo reemplazó por el persecutor de Antofagasta, Juan Castro.

Este es el Estado de derecho funcionando.

El Estado de derecho no significa que las autoridades sean bondadosas e infalibles, ni que no cometan arbitrariedades. Significa que ellas están sometidas a autoridades superiores, ante las cuales un ciudadano puede reclamar cuando es víctima de una ilegalidad.

El fiscal tiene un enorme poder, pero no se manda solo. Sus acciones pasan por un juez de garantía, quien a su vez es supervisado por las cortes de apelaciones y la Suprema. Además, el persecutor responde a su superior dentro del Ministerio Público, quien puede sancionarlo o removerlo.

Este es un excelente ejemplo. Aquí, una ciudadana vio vulnerados sus derechos y reclamó. La corte escuchó en una audiencia pública a ambas partes, dio la razón a la ciudadana, y reparó la injusticia, ordenando eliminar todo el material captado ilegalmente. Los responsables fueron reprendidos y, en el caso de Cooper, sancionados.

Sería un hecho ejemplar si los políticos no hubieran metido las narices. El ataque del Frente Amplio y otros sectores del oficialismo contra Cooper y Valencia contaminó el caso con la sospecha de interferencia política. Valencia, ¿sancionó a Cooper solo por el fallo de la corte o por la presión política en su contra?

Recordemos que, antes de este fallo, parlamentarios oficialistas iniciaron un proceso de destitución contra Cooper por otro caso en que los investiga (Sierra Bella). Además, amenazaban públicamente con buscar destituir a Valencia, si el fiscal nacional no sacaba al fiscal del caso, como finalmente lo hizo.

La derecha también metió las narices, en sentido contrario. Johannes Kaiser atacó a los jueces de la Corte de Apelaciones diciendo que su fallo “contiene apreciaciones políticas”, y amenazó con “tomar medidas”. José Antonio Kast calificó la remoción de Cooper como “una vergüenza”, que “favorece la impunidad”. Parlamentarios de oposición acusaron a Valencia de “ceder a las presiones de la extrema izquierda” y le exigieron reincorporar a Cooper al caso.

Es, vale recordar, la misma oposición que hace unos meses acusaba a Cooper de “entorpecer” la investigación y lo citaba para interrogarlo en el Congreso.

Ante tanta imprudencia, doble estándar y conflicto de interés de los políticos, la mejor señal la dio el mismo Presidente. Antes del fallo de la corte, Gabriel Boric aseveró que “lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, ni acusar por mi parte ningún tipo de persecución”.

Vale la pena citar la frase completa de Boric. “No puede haber un doble estándar. Y eso se prueba o se mide a la hora que el investigado es uno o los propios, se pone en cuestión uno mismo. Y ante esta situación yo doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga. Que se investigue todo lo que haya que investigarse”.

Así, Gabriel Boric le dio una lección a su partido. Mientras el Frente Amplio actúa como un grupo de compinches que usa su poder para defenderse entre ellos, el Presidente de la República habla como un estadista que protege a la República y confía en los mecanismos de la democracia.

“Que las instituciones funcionen”.

Y las instituciones, efectivamente, funcionaron.