Conviene empezar por algo que la política chilena, transversalmente, tardó demasiado en reconocer: las incivilidades importan. El rayado que se acumula, el consumo de alcohol y drogas en la plaza, la basura, el ruido o la sensación de que el espacio público dejó de ser de todos para convertirse en tierra de nadie. Nada de eso constituye un delito grave, pero deteriora la convivencia, erosiona la confianza y golpea con fuerza a quienes tienen menos posibilidades de escapar de esos entornos.

Por eso vale la pena tomar en serio la oportunidad que abre el debate y decir, con todas sus letras, que el Registro Único de Vándalos e Incivilidades que firmó el Presidente Kast es la respuesta equivocada al problema correcto.

Los datos refuerzan esa distancia. La encuesta CEP de junio de 2026 confirma que la seguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana: la delincuencia, los asaltos y robos encabezan la lista, con 57%. Pero también muestra un cambio en cómo las personas explican el fenómeno. La principal causa identificada es la percepción de impunidad (55%), seguida por el consumo de drogas y alcohol (44%) y las bandas de narcotráfico (43%, diez puntos más que en 2024). Al mismo tiempo, las menciones al narcotráfico aumentan de 22% a 28%, mientras la atribución de la delincuencia a la inmigración irregular cae de 60% a 41% y la referencia a la desigualdad sube de 15% a 20%.

La lectura es difícil de eludir. Las personas no están pidiendo una lista que le quite la beca a un joven por un rayado. Están señalando un sistema penal que perciben sin consecuencias, un problema de drogas que el Estado no aborda y desigualdades que siguen dibujando el mapa del delito. El registro no responde a ninguna de esas tres cosas.

Hay un ámbito donde esta confusión resulta especialmente delicada: la protesta social. Para algunos, la figura del “vándalo” se confunde con la del manifestante, y la tentación de utilizar herramientas como esta para disciplinar el descontento siempre está presente. Sin embargo, cuando una protesta deriva en daños a la propiedad o hechos de violencia, el Estado ya dispone de herramientas para intervenir. Existen delitos tipificados, procedimientos establecidos y facultades policiales para actuar dentro del marco del debido proceso.

El problema del registro no es que fortalezca esas capacidades. El problema es que introduce una categoría amplia y difusa, cuyas consecuencias pueden extenderse más allá de los hechos que busca sancionar. En ese escenario, la frontera entre delito y protesta legítima corre el riesgo de volverse más borrosa.

Pero el aspecto más preocupante es otro. El registro no castiga mediante penas tradicionales, sino restringiendo derechos sociales. Quienes sean incorporados a él podrían perder acceso a beneficios como la gratuidad universitaria, la PGU, subsidios de vivienda o becas de estudio. Derechos concebidos como universales pasan a transformarse en beneficios condicionales.

Además, la sanción no afecta a todos por igual. Para algunos tendrá consecuencias menores; para otros, puede significar la pérdida de oportunidades educativas, acceso a la vivienda o protección social. La sanción deja de recaer sobre la conducta y comienza a recaer sobre la posición social de quien la comete.

Tampoco existen razones para pensar que la medida será eficaz. La evidencia disponible muestra que la estigmatización y la exclusión de los sistemas de educación, vivienda y protección social tienden a profundizar los problemas que pretenden resolver.

Lo más preocupante es que el debate termina desplazando la atención de aquello que sí ha mostrado resultados: recuperación de espacios públicos, iluminación adecuada, presencia municipal sostenida, coordinación territorial y enfoques restaurativos.

Enfrentar las incivilidades es necesario. Ignorarlas fue parte del problema. Pero reconocer su importancia no obliga a aceptar cualquier solución. Un registro puede transmitir la sensación de que se está actuando. Difícilmente resolverá el problema que dice abordar.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.