Hace algunos días el ministro Iván Poduje presentó en el Congreso el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo (PIVU), la estrategia habitacional del Presidente Kast. Tras meses de reconstrucciones y emergencias, recortes, anuncios en redes sociales, demandas cruzadas, paralizaciones de proyectos encaminados, y la aprobación de una mega reforma que involucra al tema de la vivienda, era el momento de gestionar expectativas y proponer una hoja de ruta clara para un sector en crisis.

El PIVU plantea tres ejes: emergencia habitacional para enfrentar el déficit cuantitativo a través de apoyos a sectores vulnerables y medios; recuperación territorial para abordar el déficit cualitativo; y planificación urbana junto a gestión de desastres. En total, proyecta 400 mil soluciones habitacionales: una meta tan desafiante como relevante para reactivar el empleo, aunque no se distribuya del todo según las zonas de mayor urgencia.

La presentación tuvo otros anuncios de programas como una “Operación Sitio 2.0”, emulando a Frei Montalva, un nuevo tramo de subsidio para sectores medios en viviendas de hasta 4 mil UF, y el plan “Eriazo Cero” para aprovechar terrenos fiscales en desuso.

Es indudable la necesidad de un plan integral con metas audaces y que incorpore los ejes mencionados. Sin embargo, la debilidad del PIVU no radica en sus intenciones, sino en sus incertidumbres. La claridad de los objetivos planteados contrasta con lo difuso de una estrategia que priorice los pasos para alcanzarlos. En las 40 diapositivas presentadas no hay una lectura de la actual demanda por vivienda que dé cuenta de la magnitud y complejidad del desafío a abordar; la amplitud de programas a elaborar no cuenta con un correlato en materia de inversión pública-privada para los cuatro años, un elemento básico para impulsar la demanda y la oferta. Tampoco se expone un diseño institucional que asegure la gestión de los programas correctamente. Todos elementos básicos para un plan de política pública.

Hasta ahora, el PIVU parece responder a la lógica de un anuncio gubernamental más que a la de un proyecto de Estado. Los primeros captan atención; los segundos generan impacto real. La buena política exige combinar ambos. De momento, el plan genera más dudas que certezas.

¿Cuál es la “gran reforma al suelo” que se propone más allá de la Operación Sitio? ¿Se incluye el proyecto para conectar servicios sanitarios con el radio urbano? ¿Existe una estrategia concreta para erradicar los campamentos? ¿Qué pasará con las modificaciones a la Ordenanzas General de Urbanismo y Construcción? ¿Se dará continuidad a los proyectos de integración social, omitidos por completo? ¿Qué pasará con el subsidio de arriendo para adultos mayores? Y, fundamentalmente, ¿cuánto cuesta este plan y de dónde saldrán los recursos?

La política urbano-habitacional chilena ha superado retos complejos gracias a grandes acuerdos entre el sector público, privado y social, construyendo sobre lo avanzando en lugar de empezar de cero. En este sentido, el PIVU y sus objetivos bien pueden ser un peldaño más para fortalecer un necesario proyecto de Estado, uno que proponga cambios estructurales a una política pública desbordada por la demanda, otorgando certezas allí donde todos los actores son necesarios. Capacidad y recursos en Chile existen para llevar este desafío adelante. Lo que se necesita es un liderazgo dispuesto a convocar antes que a acumular anuncios que el tiempo terminará transformando en frustración.

Por Sebastián Bowen, Director Ejecutivo Déficit Cero.