Este mes coinciden dos hitos: el primer aniversario de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) y los 37 años del Estatuto Administrativo. En este escenario, el Ejecutivo anunció dos comisiones de modernización para reformar la gestión de personas en el sector público y sus mecanismos de coordinación.

Aunque son esfuerzos de distinta naturaleza, la experiencia de la LMAS ofrece una lección clave para esta nueva agenda: una reforma debe llevar inscrita la capacidad de evaluar y corregir su propio diseño.

La LMAS no trata su diseño como algo estático, sino como un punto de partida que puede ser revisado y corregido. Desde su origen, incorpora la posibilidad de evaluar su funcionamiento y hacer los ajustes necesarios.

Para ello, la ley establece mecanismos concretos de evaluación y revisión: la pertinencia de cada autorización debe revisarse cada siete años como máximo, la ley debe evaluarse cada cinco años y la evolución del sistema de permisos debe reportarse periódicamente al Congreso. También identifica quién debe hacerlo: creó la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), encargada de monitorear el funcionamiento del sistema y proponer ajustes normativos y de gestión.

Estos mecanismos, que obligan a revisar si una regulación sigue siendo necesaria y efectiva, son todavía poco habituales en Chile. Pero podríamos ir más lejos. Distintos países han incorporado cláusulas de revisión automática o de caducidad que obligan a justificar su continuidad después de un determinado período.

En nuestro país ocurre lo contrario: una vez que una ley entra en vigencia, su permanencia no depende de que alguien demuestre que sigue siendo necesaria. Modificarla requiere que alguien detecte un problema, reúna evidencia, proponga una alternativa, consiga apoyo político y vuelva a abrir el proceso legislativo. Si nadie logra hacerlo, la norma permanece. Puede permanecer 37 años, como el Estatuto Administrativo.

Y el problema no es solo que una norma pueda durar 37 años. Es que, en un mundo que cambia cada vez más rápido, resulta difícil imaginar que podamos diseñar hoy un Estado que siga funcionando bien dentro de 37 años.

En los próximos años cambiarán las tecnologías disponibles, las formas de colaboración entre el Estado y los privados, el mercado laboral y las capacidades que necesitaremos de nuestros funcionarios. Aparecerán problemas que hoy simplemente no podemos anticipar. Frente a eso, deberíamos ser modestos respecto de nuestra capacidad para definir hoy el Estado que necesitaremos mañana.

Pero esa incertidumbre no es una razón para evitar reformas estructurales. Es una razón para diseñarlas de otra manera. Junto con diseñar una reforma, deberíamos establecer cómo sabremos si funciona y quién tendrá la responsabilidad y la capacidad de corregirla.

La administración pública sueña con políticas que funcionen correctamente desde el primer día. El error de una política se entiende como una anomalía; cambiar una regla, como reconocer un fracaso; experimentar, como asumir un riesgo innecesario.

Las organizaciones que mejoran no esperan encontrar la solución perfecta antes de comenzar: diseñan mecanismos para medir, aprender, detectar errores y corregir. El aprendizaje no ocurre únicamente antes de implementar una decisión. Ocurre, sobre todo, después.

En ese sentido, el aporte de la LMAS va mucho más allá del sistema de permisos. Su principal innovación es haber incorporado a la propia reforma mecanismos para evaluar su funcionamiento y corregirlo.

Ese mismo principio debería guiar la modernización del Estado.

El verdadero fracaso de una reforma no es equivocarse. Es no tener cómo darse cuenta. Y peor aún: darse cuenta, pero no tener cómo corregirlo.

El Estado que Chile necesita no es uno que pretenda acertar para los próximos 37 años. Es uno que no necesite esperar 37 años para corregirse.

*El autor de la columna es socio en Marshall | Johnson