Vivimos tiempos de incertidumbre para la democracia y los derechos humanos. En distintos lugares, asistimos al debilitamiento de instituciones y garantías que parecían consolidadas, a la persecución de quienes disienten y defienden derechos, y a la normalización de medidas que restringen libertades fundamentales. En este escenario, no es fácil encontrar razones para la esperanza.

Precisamente por ello, la votación realizada del pasado 24 de julio en la ONU que renovó el mandato del Alto Comisionado para los Derechos Humanos constituye una señal que merece atención. Frente a una ola global que parece inclinarse hacia posiciones regresivas en derechos humanos, 144 Estados —Chile entre ellos— respaldaron la continuidad de una institución destinada a observar, denunciar y enfrentar sus vulneraciones.

Desde 2022, el actual Alto Comisionado ejerce el mandato de alzar la voz, mediante informes públicos, diálogos con autoridades estatales, comunicados de prensa y visitas a los países, entre otros instrumentos, frente a los problemas de derechos humanos en el mundo.

Se trata de una labor fundamental para proteger a las personas cuando los Estados no han sido suficientemente diligentes o cuando han vulnerado impunemente sus derechos. Pero también es decisiva para la democracia: el respeto y la protección de la dignidad humana constituyen el rasgo central que distingue a un régimen democrático de uno que no lo es.

La votación revela un aspecto relevante del actual orden internacional. Las divisiones tradicionales entre derechas e izquierdas —herederas del siglo pasado— parecen insuficientes para comprender las posiciones de los Estados en materias fundamentales.

Ello no significa desconocer los graves retrocesos que hoy enfrentan los derechos humanos ni minimizar la fuerza de las corrientes que buscan debilitar sus estándares de protección; sino que, aun en este escenario, persiste una mayoría global dispuesta a afirmar que la democracia y los derechos humanos no son factores secundarios ni asuntos internos ajenos a la comunidad internacional.

Esa es la dimensión esperanzadora de esta votación. Cuando 144 Estados de las más diversas orientaciones ideológicas respaldan una institucionalidad internacional de protección de derechos, se confirma que el multilateralismo todavía conserva herramientas, legitimidad y aliados para resistir la regresión.

Para Chile, esta constatación ofrece una orientación relevante. Una política exterior realista no abandona sus principios ante un contexto adverso: comprende que la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo siguen siendo fuentes de legitimidad, cooperación y capacidad de incidencia. Precisamente en tiempos de incertidumbre, esos principios permiten construir alianzas, defender intereses y contribuir a un orden internacional más justo y estable.

Por Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores.

• Esta columna fue escrita en colaboración con Alexandro Álvarez.