No hay disenso cuando se afirma que Chile está al debe en materia de recintos adecuados para la realización de espectáculos musicales en vivo y otras expresiones culturales afines. La escasez de espacios con ciertas características estructurales y de capacidad —es decir, que al menos puedan albergar a 2.000 personas para que su operación sea rentable— ha desembocado en una oferta limitada que, por un lado, restringe las opciones del público y, por otro, condiciona la experiencia artística y técnica.

Esta carencia de infraestructura ha obligado históricamente a improvisar espacios que no fueron diseñados para acoger eventos culturales, mientras seguimos sin contar con una red sólida de recintos de mediana capacidad. Desde la inauguración del Teatro Caupolicán en 1936, pasaron setenta años para que volviera a construirse un espacio de estas características: el Movistar Arena, en 2006. Y cuando surgieron oportunidades para adaptar instalaciones existentes —como el Court Central del Estadio Nacional, con sus 3.352 butacas— ningún gobierno ha mostrado voluntad para techarlo o modernizarlo, a pesar de que ahí alguna vez se presentaron figuras como Ray Charles, David Bowie o Joan Manuel Serrat. Hoy, tras la Copa Davis, quedó fuera de toda proyección cultural.

A esta lista se suma la prolongada postergación de la segunda etapa del GAM, cuya remodelación fue anunciada en 2014, ha costado más de 72 millones de dólares —equivalente al levantamiento de una arena nueva— y, una vez terminada, tendrá una capacidad para apenas 1.800 personas. También quedó en el olvido la anunciada remodelación del Teatro Teletón en 2009, detenida indefinidamente tras el terremoto de 2010.

Y aunque el reciente proyecto del renovado Estadio San Carlos de Apoquindo (Claro Arena) abre una nueva posibilidad, este espacio multipropósito (deporte y otros), no resuelve por sí solo el déficit estructural que enfrenta la industria de la música y el entretenimiento. Su disponibilidad para actividades culturales está lejos de ser suficiente.

En regiones, la situación es aún más crítica. La falta de infraestructura impide la descentralización efectiva de los espectáculos, perpetuando un centralismo que no se condice con el estándar de países comparables.

Nada de esto tiene sentido en un país donde más de 4 millones de personas asisten anualmente a eventos culturales y de entretenimiento; donde se generan más de 160 mil empleos directos e indirectos; donde cada espectáculo reúne entre mil y cinco mil trabajadores y moviliza a más de cincuenta pymes, con un potente encadenamiento en rubros como la gastronomía y el turismo.

El problema de fondo no es solo si el Estadio Nacional debe o no ser exclusivo para el deporte —cuando ha recibido desde el Papa hasta Michael Jackson— ni si el Municipio de Ñuñoa debería recibir parte de los ingresos generados por los espectáculos en el Parque Estadio Nacional. Eso es una conversación entre actores del Estado. Lo urgente es abordar la escuálida inversión que Chile ha hecho en infraestructura cultural de gran escala. Y si bien existen notables teatros a lo largo del país, estos no alcanzan a cubrir las necesidades de una producción si el evento no cuenta con subsidios públicos.

En muchos países que Chile aspira a imitar, la cultura, junto con la educación y la salud, es reconocida como un bien esencial. En ellos, la salud mental se entiende en todas sus dimensiones, incluida la necesidad de esparcimiento, encuentro y acceso a experiencias culturales de calidad.

A las puertas de nuevas elecciones, este debería ser un tema presente en los programas de los candidatos y en sus futuras políticas públicas y, lastimosamente, no hay nada en sus programas de gobierno que se acerque si quiera a un diseño de políticas públicas en cultura. Promover el acceso a la cultura y el entretenimiento no solo es fomentar el desarrollo personal y colectivo, sino también asegurar condiciones dignas de convivencia cívica y tranquilidad para las familias que desean participar de un espectáculo en paz.

Por Jorge Ramírez, Presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC).