Hace cuatro años se iniciaba el gobierno de Gabriel Boric, surfeando sobre la ola de expectativas generada a partir del estallido social. La esperanza en el proceso constituyente, en una eventual transformación del modelo de desarrollo y en un rediseño institucional del país, daba sentido al anhelo de una “sociedad de derechos” y de mayores grados de justicia social. Desde el segundo gobierno de Bachelet el sustrato cultural de dicho proceso parecía una cuestión zanjada, base de un ciclo histórico consolidado y sin vuelta atrás.

Hoy las cosas se ven diferentes: el gobierno de una derecha identitaria se impuso en la última elección por un 58% de los votos, dando paso a una etapa donde el principio de autoridad, el respeto al Estado de Derecho y la lógica de los deberes, se han impuesto como ejes en la toma de decisiones. Esta semana, los que debieron asumir este nuevo escenario fueron los morosos del CAE, particularmente los de más altos ingresos y que no estuvieron disponibles para repactar sus compromisos. Como alertaron muchos expertos en estos años, la condonación total de las deudas del CAE siempre fue financieramente inviable, una promesa demagógica del expresidente Boric que nunca tuvo posibilidades de concretarse, pero que sirvió como incentivo para que los deudores dejaran de pagar.

Hoy esos deudores empiezan a entender algo obvio: esto era un crédito, no una beca; Boric simplemente los estafó al prometer algo que sabía incumplible. Podrá discutirse si el embargo de los recursos personales es la mejor o la única forma de resarcir los recursos, pero la señal política es categórica: las obligaciones se cumplen, dejar de pagar un crédito contraído de manera voluntaria no es un derecho social. Y esta señal política (y cultural) se inscribe en el esfuerzo del gobierno de Kast por trasparentar dónde están sus convicciones en materia del uso de los recursos públicos, como quedó claro al no subsidiar el precio de los combustibles, sin importar los costos en términos de popularidad. Ahora, también, al proponer una ley para que los padres se deban hacer penal y civilmente responsables cuando sus hijos dañen infraestructura pública o privada en las manifestaciones.

En rigor, todo esto es parte de un giro sustantivo de la sociedad chilena; un cambio de sensibilidad y de prioridades derivado de las consecuencias de una política de derechos sin deberes ni responsabilidades, que terminó dañando sobre todo a la gente más modesta, esa que sufre la escasez de recursos generada por un aparato público cada día más oneroso y por la ineficacia del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Así, la necesidad de restablecer el orden, forzar a través de la ley al cumplimiento de las obligaciones, dejar claro a la gente que los recursos públicos no son infinitos y deben ser priorizados, es el mensaje que ha empezado a instalarse en estos primeros meses de gobierno; un punto de inflexión relevante en el campo de lo que hoy se denomina la batalla cultural.

Por Max Colodro, filósofo y analista político