SEÑOR DIRECTOR

En Nicaragua ocurre una grave crisis de derechos humanos desde 2018. La represión de la protesta social ha provocado, entre otras consecuencias, más de 328 personas asesinadas y cientos de víctimas de prisión política. En los últimos días, el gobierno desnuda su afán autoritario y de perpetuación de la impunidad, encarcelando líderes y lideresas opositoras, defensoras de derechos humanos, incluyendo a cuatro precandidatos presidenciales, una de ellas hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

La evidente condena internacional por estos hechos podría hacernos olvidar una lección esencial que esta crisis nos entrega.

La situación que sufre Nicaragua desde 2018 es posible, entre otras causas, porque no hay ningún poder público independiente, y por la concentración de todo el poder estatal en el gobierno. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera en un país que tiene una Constitución y una institucionalidad formalmente democrática y en que se celebran elecciones periódicas?

La estrategia de alianzas y acuerdos del oficialismo, incluso desde antes de acceder al gobierno, el 2007, así como políticas públicas que produjeron algunos avances sociales y crecimiento económico sostenido, parecen haber relajado a las fuerzas opositoras y otras instituciones nacionales, que desoyeron manifestaciones sociales que tempranamente empezaron a mostrar descontento por la concentración del poder y prácticas autoritarias. Lo que parecía un proceso de grandes acuerdos en el establishment, fue más bien la manifestación embrionaria de la tragedia política y humana que hoy presenciamos.

La lección de la crisis nicaragüense no resulta entonces tan obvia en momentos en que, en nuestro continente, se suele atacar a la protesta social, en que descalificamos a nuestros adversarios derrotados y devenidos en minoría, y en que denostamos a políticos a veces exasperantemente críticos.

A veces se nos olvida, en el natural afán por arribar e implementar acuerdos, la lección democrática de la crisis nicaragüense: los más virtuosos proyectos políticos, incluso esos que propugnan las conquistas de las mayorías, necesitan atender la disidencia social y política, sin la cual, los sueños por justicia pueden convertirse en una pesadilla autoritaria.

Antonia Urrejola

Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)