El ensayista norteamericano David Rieff, en un extraordinario texto titulado “Deseo y destino” (2025), observa lo siguiente: “En el ámbito político —advierte—, lo woke ha convertido el lenguaje y la identidad en las nuevas fronteras de la acción pública. Lo decisivo ya no es la redistribución, sino la corrección; no el poder real, sino el relato; no el horizonte común, sino la autodefinición particular”.

Rieff nos permite apreciar con especial claridad los últimos estertores de la administración Boric y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, una estantería que soporta más peso del adecuado, se desmorona bajo el peso de relatos acumulados y de cinismos de corrección que han buscado sostener un lenguaje de acción política lleno de símbolos, destinados a mantener en pie el relato de una generación que hoy queda desnuda frente a la ilusión de quienes propagaban a los cuatro vientos verdades reveladas que otros no podíamos ver.

El magistral lapsus linguae, aquel desliz que un flamante Giorgio Jackson pronunciaba y que se erigía como edicto de moralidad pública, fue tal vez el mejor relato político de una administración que durante cuatro años ha tropezado, una y otra vez, con la desmesura de los “moralmente superiores”, pero que, como si fuese una paradoja del destino, acaba por desarmarse frente a nosotros.

¿De qué hablamos? ¿Qué tienen en común el macabro y retorcido giro del caso Julia Chuñil y el desenlace del caso del exoficial de Carabineros Claudio Crespo? La pregunta no es insípida ni menos inocente.

El relato político que se erigió en ambos casos es propio de la corrección de una historia cargada de simbolismos. Julia Chuñil, una humilde mujer mapuche que había denunciado violencia intrafamiliar en su iglesia, pasó a ser presentada por el mundo como mártir o luchadora ambiental desaparecida por la avariciosa —y supuesta— acción de empresarios forestales a quienes les resultaba molesta, y no como una mujer mayor asesinada por la miseria de sus propios familiares.

En el caso de Crespo, la situación es algo similar. Habiendo tratado de contener la acción de una brutalidad callejera desatada tras el paroxismo violentista del 18 de octubre de 2019, Crespo, en un acto de legítima defensa, habría disparado una escopeta antidisturbios que dejó ciego a Gustavo Gatica, manifestante hoy devenido en diputado, quien en ese momento, entre la turba, portaba una piedra que razonablemente podía hacer creer al carabinero —como a cualquier otro en tal tesitura— que su lanzamiento podía ser mortal o altamente dañino. De hecho, ni siquiera hay unanimidad entre los jueces respecto de que haya sido Crespo quien efectivamente cegó a Gatica.

Lo curioso de ambos casos es que se inscriben en relatos iniciales similares, simplificados al máximo, amplificados hasta la saciedad por un discurso moralizante de buenos y malos, de inferiores y superiores morales, que busca más bien calmar, como un barbitúrico, la mala conciencia, protagonizando desde allí un relato político de corrección y de símbolos.

Julia Chuñil fue convertida por una ONG —y, lo que es más grave aún, por el propio Presidente de la República y su ministra vocera— en una desaparecida en democracia, estando el mismo mandatario a cargo de la seguridad y el orden público, por defender la causa medioambiental mapuche. Una hija de la tierra explotada y maltratada, la que muy poco les importó en realidad: lo relevante era convertirla en una divisa de lucha donde el desaparecido o el dañado —Chuñil, Crespo o Gatica— pasan a ser piezas de un entramado más complejo destinado a fabricar mártires y verdugos para una sociedad que los consume como fichas de ajedrez.

En lo político, los dichos del Presidente sobre el caso Chuñil —que luego tomó un vuelco impensado— demuestran que a la izquierda jamás le interesó la verdad, como también ocurrió en el caso de Gatica. Se trataba únicamente de generar insignias y blasones de corrección discursiva: que un cantante subiera a un escenario a preguntar dónde estaba la mujer mapuche desaparecida en pleno Festival de Viña, imprimir poleras con su rostro o señalar a Carabineros, en el contexto del desorden anárquico de 2019, como un “cuerpo de carniceros”; así, por lo demás, motejaron a Crespo: esa era la consigna.

Pasada la tempestad, la Fiscalía descubrió que el móvil del asesinato de Chuñil era más simple y macabro: un acto de parricidio en un contexto de violencia intrafamiliar; y que el caso Crespo se resolvía en un fallo lleno de cuestiones comprobables que ninguno de quienes habían creado el monstruo de lata estaba dispuesto a tolerar.

Porque en la generación de símbolos, el Presidente, su coalición y la debacle de una izquierda sin ideas —sostenida en pequeños destellos de oportunidad— requerían alimentar la historia no desde la objetividad que otorga una investigación ni desde la tasación legal de la prueba, sino desde un relato moralizante de buenos y malos, de explotados y explotadores.

Es esa estantería la que se ha desmoronado, paradójicamente y como en un acto de magia, cuando ya terminan los cuatro años del boricismo, mostrándonos que, más allá de la creación de realidades, la objetividad es lo que es. Ante la escasa acción política, la verdad terminó por develarse con su golpe habitual.

Los hechos jurídicamente relevantes no se determinan por convicciones íntimas ni por discursos oportunistas, ni menos por percepciones sociales destinadas a impresionar a los de siempre, revestidas de un aura de superioridad moral. Se determinan, en una democracia, por investigaciones científicamente razonadas, por pruebas tasadas conforme a la ley y por sentencias que reconocen principios tan básicos como la legítima defensa, la separación de funciones del Estado y el respeto a la institucionalidad.

Eso es precisamente lo que aquí faltó comprender. Porque, como advertía Montesquieu, “no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la legislativa y de la ejecutiva”. Hoy magistrados y juristas le recuerdan a un neófito Presidente que, cuando el juez es el brazo del poder, deja de ser juez. Y eso —exactamente eso— fue lo que ocurrió en este caso.

Por Gabriel Alemparte, abogado