La trampa de la condonación del CAE

El propio gobierno había comunicado que este domingo el Presidente de la República anunciaría en cadena nacional un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, donde además se delinearían las “soluciones” respecto de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sorpresivamente, sin embargo, se informó que el anuncio se hará en una fecha posterior, considerando que el Mandatario tiene un viaje a Nueva York, así como para evitar que se tope con la Ley de Presupuestos, que a más tardar debe ser ingresada a fines de septiembre.

La postergación causó un sentimiento de frustración en varios sectores, pero desde luego llama la atención una desprolijidad de este tipo, considerando que el anuncio del CAE responde a una promesa de campaña y solo días antes el propio Mandatario había hablado de impulsar con fuerza una agenda legislativa durante septiembre, que además del CAE considera reactivar la discusión del proyecto sobre eutanasia.

Es sin duda un paso en falso, donde no queda del todo claro si las razones para esta demora responden solo a razones de agenda legislativa -todas las cuales se conocían de antemano-, o si es que todavía la fórmula final no está bien consensuada al interior del oficialismo. Si bien hay un amplio acuerdo en la necesidad de modernizar el sistema de financiamiento a la educación superior, en cambio la condonación de la deuda del CAE sigue siendo una materia altamente controversial, pues además de esgrimirse discutibles razones de justicia social para introducir fórmulas de ese tipo, hay también un evidente riesgo de que se sigan enviando señales que desincentiven aún más el no pago -la tasa de morosidad se encuentra en sus mayores niveles-, ante la expectativa de un “perdonazo”. En esto también hay una dimensión no suficientemente abordada, considerando que si al final se opta por una fórmula que torne irrelevante cumplir con las obligaciones contraídas sería una verdadera tomadura de pelo para quienes con dificultad cumplieron con pagar el crédito o se han esforzado por estar al día en el pago de sus cuotas.

Es fundamental por lo tanto que cuando se plantee la condonación de deudas, el criterio para ello sea estrictamente acotado, que aborde las situaciones más críticas. Al menos es un avance que se haya abandonado la condonación universal, como era la promesa original de Apruebo Dignidad, algo que representaría un gasto inabordable de unos US$ 12.000 millones. El gobierno ha planteado que ahora se buscará una condonación en ciertos sectores, en la idea de que sea una propuesta “justa, progresiva y sostenible”. También se ha mencionado que la idea es beneficiar a todos los deudores, reconociendo a quienes están al día, haciendo que las deudas sean cobrables en el tiempo.

Son criterios en principio razonables, pero hay dudas de hasta dónde se buscará una fórmula tan acotada, cuando desde la misma coalición se ha justificado en que detrás de la condonación del CAE hay razones de profunda justicia social. En ese orden de cosas, se menciona que el país ya optó por la gratuidad en los sectores más vulnerables, abandonando cada vez más la lógica del crédito; también se destaca el alto volumen de deuda con que muchos cargan. Además, un informe sobre el CAE elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior hacía fuerte hincapié en que el 70% de los deudores gana mensualmente menos de $750 mil, y solo el 8% posee ingresos superiores a $1,5 millones. Asimismo, el 57% de los deudores corresponde a mujeres.

Pero esta realidad necesariamente debe ser contrastada a su vez con otros datos, a partir de los cuales se relativiza que las condiciones en que debe ser servida la deuda sea inmanejable, como también ante el hecho indesmentible de que quienes han logrado ingresar a la educación superior cuentan con ventajas que el resto de la población no posee. La reciente cuenta pública de la Comisión Ingresa, con datos al cierre de 2023, indica que considerando el universo de egresados y quienes han desertado, el 48% paga menos de 1 UF al mes, con un promedio de 0,54 UF, mientras que otro número importante paga entre 1,01 UF y 2 UF mensuales. La deuda promedio llega a $ 6 millones.

Por otra parte, desde 2012 las condiciones del CAE son muy favorables respecto de cómo se otorgaba inicialmente -tasa anual de UF+2%, pago contingente al ingreso, entre otras ventajas-, lo que lleva a preguntarse por qué aun así la morosidad es elevada. A lo anterior cabe agregar que el acceso a la educación superior entrega importantes ventajas. El último informe “Education at a Glance”, preparado por la OCDE, indica que en el caso de Chile quienes cursaron educación terciaria o superior tienen ingresos del trabajo, en promedio, 161% mayores a los que solo tienen educación secundaria completa. Esta diferencia entre ambos grupos es la mayor de todos los países del bloque.

A la luz de lo anterior, se debe ser consciente de que un cambio drástico en las reglas del juego, que apunte a criterios laxos de condonación, no solo generará incentivos perversos en materia de no pago, sino que además será doblemente injusto para los que sí han pagado, pues los que pudiendo pagar y no lo han hecho, además de haberse ahorrado importantes recursos -y haber hecho incurrir al Estado en mayores costos por cobro de garantías-, a futuro se podrían ver más beneficiados y eventualmente podrían seguir no pagando. A lo que además cabe añadir que si se destinan grandes sumas a la condonación otras necesidades urgentes en educación -como la recuperación de aprendizajes, donde siguen observándose importantes rezagos, o la normalización de la asistencia escolar- se verán desplazadas. Sería sin duda un muy mal uso de los recursos públicos, y de allí que el gobierno debe ser especialmente cauto en evitar caer en la trampa de una falsa sensación de justicia, que al final genere mayores injusticias.