Las apuestas son terreno fértil para muchos problemas, por lo que su regulación es imperativa. Su posible utilización para la expansión del crimen organizado, principalmente el lavado de dinero, así como el aumento de serios problemas de salud mental son solo dos dimensiones que vale la pena mirar con más atención.

Primero, el juego online es atractivo para el lavado de activos, dado que generalmente opera desde paraísos fiscales, con propiedad poco transparente, y fomenta el anonimato, el uso de criptomonedas y la baja trazabilidad de todos los involucrados. Organismos internacionales los reconocen como uno de los mecanismos preferidos del crimen organizado para blanquear dinero, por encima de sectores tradicionales como casinos físicos, inmobiliarias o comercio exterior. Segundo, la adicción al juego no es accidental, sino estructural. Las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo de juego, la recurrencia del gasto y la dependencia psicológica. La evidencia internacional confirma que el entorno digital duplica o triplica el riesgo de desarrollar adicción, especialmente en jóvenes.

En Chile se vive una paradoja, el juego online es ilegal, pero auspicia torneos, jugadores, equipos, influencers y entrega masiva propaganda digital. Solo se requiere un celular para ser “invitado a registrarse, recibir un bono y empezar a apostar”, y así cuatro de cada 10 personas entre 12 y 32 años ha apostado online al menos una vez, y el inicio de la edad de apuestas bajó de 35 a 15 años en muy poco tiempo. Pero insistamos, las casas de apuestas online son ilegales. Al menos así lo declaró la Corte Suprema el año 2023, ordenando el bloqueo de más de 20 plataformas internacionales, lo que tuvo que enfatizar el 2025.

Es difícil de creer que tanta propaganda auspicia una actividad ilegal, pero el boom del juego online y sus múltiples versiones evidencia la presencia de una industria global multimillonaria que en Chile choca con un marco regulatorio pensado para casinos físicos y loterías tradicionales. La pelea es dispar. Después de los fallos, las casas de apuestas abandonaron la propaganda en las transmisiones deportivas y se pasaron a las redes sociales, donde la segmentación permite llegar a menores con facilidad.

El Ejecutivo está auspiciando un proyecto que propone reducir 30 veces la carga tributaria respecto del mercado legal vigente, establece estándares débiles de fiscalización y transparencia, ofrece licencias ilimitadas pese a un fiscalizador con recursos insuficientes y confía en que quienes hoy violan la ley la cumplirán mañana, sin mecanismos robustos de prevención. Esta propuesta de ley tiene que ser analizada con mucho cuidado, aprendamos del error de permitir el uso excesivo de celulares en las salas de clases y sus consecuencias. Estamos jugando con fuego, uno que no se apagará con facilidad.

¿Qué se puede hacer? Pensar sólo en términos de recaudación de una actividad que tiene severos impactos, es como permitir el narcotráfico pensando en los aportes impositivos de la venta legal de la cocaína. Regular es fundamental, tratando el juego como problema de salud pública, cerrando las puertas para menores, incluyendo mecanismos de verificación de identidad robustos, sometiendo las plataformas a supervisión financiera equivalente a bancos y blindando la política para evitar captura regulatoria. La experiencia internacional así lo confirma.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.