Chile no está pidiendo menos democracia para enfrentar el delito. Está pidiendo que la democracia deje de fallar cuando debe proteger, investigar y castigar. Esa es la tensión más interesante que deja la reciente Encuesta Democracia y Justicia de UDP-Feedback: una ciudadanía que exige más firmeza frente a la delincuencia, pero que no ha renunciado a los límites democráticos del castigo.

A primera vista, los datos podrían leerse como confirmación del clima de mano dura. Hay amplio apoyo a penas de cárcel para delitos económicos graves, a endurecer sanciones contra reincidentes, a rebajar la edad penal y, en una proporción importante, incluso a reponer la pena de muerte para delitos de máxima gravedad. Sería fácil concluir que Chile se volvió simplemente punitivo.

Pero esa lectura es demasiado plana. La misma encuesta muestra que el 71% prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno, y que el acceso igualitario a la justicia es considerado el atributo más esencial de una sociedad democrática, incluso por sobre las elecciones libres. El malestar, entonces, no se traduce automáticamente en deseo autoritario. Lo que parece estar en crisis no es la democracia como ideal, sino algo más concreto y más difícil de reponer: su capacidad de producir justicia vivida.

La ciudadanía no solo teme al delito: también desconfía de una justicia que percibe capturada por el dinero, los contactos y el lugar donde se vive. Ve a políticos, personas de clase alta y funcionarios como favorecidos, mientras identifica a personas de bajos ingresos y pueblos indígenas entre los más perjudicados. En ese contexto, es difícil no leer en esa exigencia de firmeza también cansancio con la impunidad selectiva.

Por eso la consigna de mano dura queda corta. Puede castigar mucho y seguir siendo injusta. Puede llenar cárceles sin tocar las redes de corrupción. Puede perseguir al reincidente pobre y avanzar con lentitud sobre los delitos económicos. Puede prometer seguridad y, al mismo tiempo, reproducir la desigualdad ante la ley que la propia ciudadanía dice rechazar.

La paradoja carcelaria es reveladora. Más de la mitad del país duda de la eficacia de la cárcel para reducir la delincuencia y, sin embargo, Chile se divide casi en dos: 51% cree que las condiciones de vida en prisión deben ser dignas porque el castigo es la pérdida de libertad; 49% cree que deben ser duras porque son parte del castigo. La cárcel aparece menos como solución racional que como campo de disputa moral.

El castigo nunca es solo una técnica legal. En momentos de inseguridad, expresa miedo, rabia e indignación. Pero la discusión democrática no puede limitarse a cuánto aumentar las penas: debe preguntarse también qué sufrimientos estamos dispuestos a autorizar y sobre qué grupos recaen con mayor facilidad. En Chile, esa pregunta tiene rostros reconocibles: jóvenes pobres, migrantes, pueblos indígenas, habitantes de barrios estigmatizados. No porque sean inocentes frente al delito, sino porque suelen enfrentar el sistema penal bajo una sospecha más rápida y una defensa más débil. Cuando la justicia se aplica con distinta velocidad según clase, origen o nacionalidad, cuesta llamarla justicia. Se parece más a una administración desigual del miedo.

Nada de esto implica negar el daño del delito. Las víctimas existen. El miedo existe. Una respuesta democrática no es una respuesta blanda: debe ser firme contra el crimen organizado, los delitos económicos, la corrupción y la impunidad de quienes tienen poder. Pero una justicia democrática también demuestra su carácter cuando el Estado se obliga a respetar ciertos límites en los casos en que más cuesta hacerlo. La presunción de inocencia, la proporcionalidad penal, la rehabilitación y la dignidad carcelaria no son adornos garantistas: son las condiciones mínimas para impedir que el Estado, al castigar, cruce la línea que separa la justicia de la venganza institucional.

La encuesta no muestra un país dividido entre punitivistas y garantistas. Muestra una ciudadanía que quiere castigo, pero no arbitrariedad; que exige cárcel, pero reconoce la rehabilitación; que pide firmeza, pero todavía valora la igualdad ante la ley. Traducir esa ambivalencia en una reforma democrática del castigo es la tarea política pendiente. La mano dura puede ser popular, pero no siempre es justa. La pregunta decisiva no es si queremos más o menos pena, sino si somos capaces de construir una justicia que no reproduzca, bajo la forma de la sanción, las mismas injusticias que dice combatir.

Por Ángel Aedo Gajardo, Director del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia e investigador del Centro UC Justicia y Sociedad. Académico de la Universidad Católica de Chile