En los últimos días hemos conocido diversos hechos que vinculan a miembros de las Fuerzas Armadas con el tráfico de drogas, llegando a acuñarse el término “narcomilitares”. Peligroso, porque parece mostrar un fenómeno generalizado que podría estar ocurriendo hace algún tiempo. Guerra avisada no trae consecuencias, dice el refrán, cuando algunos sugerían con naturalidad la militarización de la seguridad pública, otros enfatizamos que la vinculación con el crimen organizado debilita las instituciones. Acá sí hubo consecuencias.

Primero es necesario entender que tres son los elementos indispensables para la consolidación de la criminalidad organizada: la presencia de instituciones débiles, el aumento de los mecanismos de corrupción y la consolidación de múltiples mercados ilegales. Instituciones débiles son aquellas que carecen de mecanismos efectivos de fiscalización internos y externos. Aquellas con bajos controles de sus gastos, con incapacidad de cobertura territorial, bajos niveles de formación y eficiencia en sus labores. Instituciones que dejan de realizar sus tareas por incapacidad, desinterés o flojera. Estas no solo son instituciones estatales, sino también del mundo privado y de la sociedad civil que sirven como claras fronteras para el desarrollo de actividades criminales.

La corrupción ya dejó de ser un problema que se creía sufrían solo los países vecinos. Los escándalos y escandalitos se han normalizado de tal forma que ni siquiera llegan a ser noticia principal, pero abundan en prácticamente todas las instituciones. El dinero tiene un enorme magnetismo en sociedades donde tu valor está determinado por tus pertenencias y donde tu lugar social está vinculado a tu capacidad de gasto. Los mecanismos de corrupción son cada día más sofisticados y los corruptores sumaron a múltiples estructuras criminales que pagan porque su negocio funcione más ágilmente. Sin castigos claros, además, ser corrupto parece ser un buen negocio.

Los mercados ilegales ya son parte de las estructuras económicas de la mayoría de los países y Chile no es una excepción. Desde el tráfico de salmón o cerezas robadas, la venta de drogas o la explotación sexual de mujeres para la prostitución; múltiples son las “industrias” ilegales que florecen a vista y paciencia de una sociedad asustada por el delito, pero cliente frecuente de lugares donde se venden todo tipo de artículos robados, compradora de medicamentos en la feria y de droga en la esquina o por delivery.

En Chile, todos estos elementos están presentes en niveles preocupantes. Y las instituciones que se vinculan con los mercados ilegales directamente (policías, fiscales, jueces y gendarmes) o indirectamente (aduanas, puertos, notarías, entre muchos otros) tienen que aumentar seriamente los mecanismos de vigilancia y control interno para evitar el deterioro institucional. Las Fuerzas Armadas se habían mantenido lejos de los temas de seguridad pública, por la preocupación de que puedan generarse grietas que dobleguen voluntades individuales e incluso institucionales. Se decidió que convocarlos a estas tareas era una oportunidad, y ahora empezamos a identificar algunos de sus posibles costos. No hay tiempo para lamentos, es urgente aumentar la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Defensa, revisar protocolos, mecanismos de toma de decisión y hacer que la justicia haga su trabajo de forma transparente para mostrar que hay castigo rápido y ejemplarizador.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.