En vista a la próxima discusión presupuestaria, y tras observar que las recientes revisiones expertas al crecimiento tendencial del PIB y al precio del cobre de largo plazo develaron alguna mayor holgura fiscal, muchos analistas postulan que el gasto público en 2022 podría caer en torno a 10% o 12% respecto de los niveles que habrá alcanzado en 2021. Con realismo indican que este ajuste -muy inferior al que anticipaba Hacienda en sus últimos informes y al que ellos mismos estaban considerando apropiado- es el que les parece probable dado el cuadro político imperante, que presiona a gastar aun si ha amainado la pandemia y se ha recuperado fuertemente el PIB. Sin embargo, un menor ajuste fiscal en 2022, aun si realista, es muy inconveniente para el país.

Desde hace un tiempo han habido alzas persistentes en las tasas de interés y el tipo de cambio se mantiene por sobre lo que pueden explicar sus determinantes económicos de corto plazo, signos inequívocos de que la economía funciona con grados elevados de incertidumbre, lo que es problemático: las mayores tasas de interés detienen la inversión y el tipo de cambio elevado mantiene una presión inflacionaria que ya va pudiendo constatarse en las cifras de crecimiento de precios más recientes. Este cuadro económico se va haciendo más complejo, no es estático. Y esa misma incertidumbre, de mantenerse, hará que sus efectos sobre tasas de interés y ambiente inflacionario se agraven, por lo que es necesario atacar sus causas.

Obviamente, lo que está deteriorando el horizonte económico del país no es el haber excedido hoy sus límites absolutos de endeudamiento fiscal, o haber perdido control de la emisión monetaria; el Fisco, gracias a fortalezas acumuladas previamente, aun puede acceder a endeudamiento no inflacionario, interno y externo, en condiciones razonables. Lo que la realidad económica está anticipando son las consecuencias de la operatoria sostenida de un Poder Legislativo que ha subordinado su compromiso con el interés de largo plazo del país a consideraciones y presiones inmediatas, por una parte, y los riesgos de que el proyecto de nueva Constitución Política que elabora la Convención Constituyente envuelva cambios mayores a la institucionalidad que potencia el crecimiento del país y su capacidad para darse políticas públicas enmarcadas en sus reales posibilidades financieras.

En estas circunstancias, el nuevo ejercicio presupuestario debería reflejar la consciencia de que es el sistema político del país el que debe comenzar a restaurar su credibilidad. En lo que le compete, el Congreso tiene la posibilidad de ignorar la mayor o menor holgura financiera que emerge de las revisiones al crecimiento potencial y el precio del cobre -en el hecho, nunca ha habido la necesidad apremiante de ajuste por consideraciones de financiamiento- apoyando un recorte del gasto público que refleje la recuperación y calentamiento que comienza a manifestar la economía, y el panorama de futuras demandas sociales sobre el Fisco. Urge un quiebre con el complejo período de retiros de fondos de pensiones y demandas por auxilio fiscal desmedidas y un nuevo compromiso parlamentario, creíble, con el interés permanente del país.