El Servicio Civil, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, elaborarán a partir de marzo una propuesta de regulación para el empleo público. El estímulo para la iniciativa es un diagnóstico de graves vicios que afectan el ingreso, desarrollo y desvinculación de sus cargos en el Estado, para aproximadamente 210 mil personas que se desempeñan a contrata u honorarios, surgido de un estudio elaborado por centros de estudios y de antecedentes de una encuesta nacional a funcionarios públicos.

Central en el diagnóstico es la evolución en 25 años desde una contratación mayoritariamente en planta, regulada por el Estatuto Administrativo, sujeta a criterios de selección para la incorporación de un funcionario, y de mérito para el avance en su carrera funcionaria, hacia la situación actual caracterizada por la masiva contratación según la modalidad de “contrata”, sin criterios de selección, teóricamente por un año renovable, pero que se ha transformado en un sistema permanente. Mientras el número de funcionarios contratados en planta es hoy levemente inferior al observado en 1995, quienes se desempeñan a contrata se han multiplicado por cinco, resultando en un número total de funcionarios del Estado fuertemente creciente y mayoritariamente fuera de un sistema que cautele que los recursos públicos involucrados se gastan adecuadamente. La encuesta mencionada (vinculada a la U. de Chile) mostró que solo 40% de los encuestados consideraba tener la capacitación adecuada para su cargo, mientras un tercio del total admitía estar en su puesto gracias a la ayuda de un familiar, un político o un amigo.

Los antecedentes documentan con claridad la visión de un empleo estatal expandido, desorganizado, falto de calificación y sometido a presiones de grupos de interés. Pero lo palmario de la evidencia, en cuanto al grave despilfarro de recursos en la gestión de las personas que trabajan para el Estado y las dificultades que emanan del actual estado de cosas para el logro de objetivos nacionales, no asegura que la corrección del problema sea simple. En 2014, un fallo de la Corte Suprema interpretó que la tutela laboral era aplicable a funcionarios públicos. Si bien el Tribunal Constitucional ha indicado lo contrario, los tribunales de justicia acogen reclamos de funcionarios despedidos, modificando la relación contractual que establece la ley. Tribunales han fallado a favor de jefes de servicio, seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública como funcionarios de “exclusiva confianza”, concediéndoles indemnizaciones por despido. Así, como en otras materias, la legislación laboral está sobrepasada y la judicialización ha ido fijando un nuevo marco que rigidiza la relación laboral en el Estado.

En este confuso escenario, el Ejecutivo debe ser cauteloso con la legislación que promueve. Ya ha anticipado que no afectaría ninguna prerrogativa laboral hoy contenida en el Estatuto Administrativo, y que solo se trata de regular contrataciones futuras. El riesgo es consolidar situaciones altamente inconvenientes.