En su primera Cuenta Pública, el presidente Kast recurrió a varios nombres del panteón nacional. Entre todos, una dupla, presentada como “los constructores de nuestra República”, destacó sobre el resto: Diego Portales y Andrés Bello. Vale la pena detenerse en esa elección.

Portales es el principio de autoridad. Entendió tempranamente que, tras la independencia, las repúblicas hispanoamericanas habían perdido la legitimidad heredada que antes rodeaba a la autoridad monárquica, y que sin un reemplazo podían hundirse en la anarquía y el caudillismo. Años después, Alberto Edwards reconocería en esa intuición el origen del “gobierno impersonal”: un poder que no descansa en un hombre, sino en el cargo y en la institución; una autoridad abstracta a la que el propio gobernante debe obediencia. Para Portales, el orden no surge espontáneamente de la sociedad: debe ser afirmado desde la autoridad, y solo sobre esa base puede construirse la libertad. Es una tesis sobre la prioridad del orden, no una simple apología del autoritarismo.

Bello también representa el orden, pero desde la convicción de que un país nuevo necesita reglas, lenguaje, educación e instituciones capaces de darle continuidad. Es el Código Civil, la Universidad de Chile, la gramática. Para Bello, la república se construye mediante la ley razonada, la formación intelectual y una cultura institucional que convierte la independencia política en vida común organizada.

Se complementan, es verdad, pero mantienen diferencias de fondo. Para Portales, el orden es anterior y condiciona al derecho. Para Bello, en cambio, el derecho razonado es la forma misma del orden y, por eso, obliga también a quien gobierna. No es un matiz: define una manera de entender la república.

El choque más nítido entre ambos se produjo durante la guerra contra la Confederación Perú-boliviana. En 1836, Portales impulsó a Chile a un conflicto que buena parte del país rechazaba. Veía en la unión de Perú y Bolivia, una amenaza geopolítica y comercial que Chile debía conjurar por las armas. Bello, que servía al mismo Estado, fue más reacio al conflicto y confiaba en una salida diplomática. La distinción importa; ambos construyen la república, pero no con los mismos énfasis.

La Cuenta Pública neutraliza estas diferencias. Iguala a Portales y a Bello bajo una sola idea de orden y construcción republicana. Sobre esa base, incorpora dos elementos nuevos. El primero; la idea de principios anteriores a la decisión mayoritaria, como la dignidad de la persona, la familia, la propiedad y la subsidiariedad, entre otros. El discurso advierte, explícitamente, que “la democracia no se sostiene solo en procedimientos”, sino “sobre principios”. El segundo, el liberalismo económico, enunciado entre las “convicciones” del Gobierno, “una economía libre y abierta al mundo”, justo antes de invocar a los próceres. Esa síntesis ya no viene del siglo XIX. Tiene otro origen y otro autor, aunque su nombre no figure en el elenco que el discurso convocó: Jaime Guzmán

Por eso, cuando revisamos el panteón de la cuenta pública, no conviene leerlo como una invocación al pasado republicano, ni como adscripción ordenada a una tradición. La operación es más selectiva: menos genealogía y más receta de autor.

Por María José Naudon, abogada.