El masivo desalojo de comerciantes ambulantes en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, permitió dimensionar la magnitud del problema que supone esta actividad, que ha copado las principales calles no solo de esta comuna, sino en la mayoría de las grandes ciudades del país.

La desbordada expansión del comercio ambulante es un fenómeno de particular complejidad, pues allí no solo se cruzan aspectos de orden social, considerando que miles de personas han hecho de esto su principal fuente de ingreso, cuestión que se vio especialmente potenciada a raíz de los trastornos que ha ocasionado la pandemia, forzando a más personas a depender de la venta callejera para obtener sustento. Pero siendo cierta esta dimensión social, también es un hecho que a la par han proliferado bandas dedicadas a esta actividad, que sin disimulo alguno copan determinados territorios por vías violentas y se permiten cobrar arriendos por el uso de espacios en la vía pública. Ello no solo daña grave e injustamente a todo el comercio establecido -además de provocar cuantiosas pérdidas al Fisco por IVA sin cobrar-, sino que también arruinan la calidad de vida de los barrios, y son foco para la actividad delincuencial.

La violencia con que operan estas bandas ha sido ampliamente documentada en diversas investigaciones periodísticas, y un ejemplo reciente de ello se vio en la Municipalidad de Antofagasta, que fue atacada coincidentemente luego de que se tomaran medidas contra el comercio ilegal en la ciudad. La Multigremial Nacional y sus asociados ha emitido recientemente un comunicado en que alerta acerca del descontrolado aumento de la informalidad y la delincuencia, exigiendo a la autoridad el restablecimiento del orden público.

Es evidente que una realidad como esta no podrá ser enfrentada por un municipio en particular, sino que requiere una respuesta integral desde el Estado, mediante políticas públicas que abarquen sus múltiples dimensiones. Por de pronto, lo primero que cabe esperar es que no continúe la indiferencia de las autoridades locales y nacionales frente a este fenómeno, cuya indolencia ha contribuido a que se expanda sin control.

Aquí también resulta fundamental que la propia autoridad envíe las señales correctas, sin dar espacio para equívocos o graves tropiezos, tal como ocurrió con el municipio de Santiago. Hace solo unos meses su alcaldesa dio a entender que se entregaría del orden de un millar de permisos para el comercio ambulante, como una forma de regular la actividad. En la práctica se han entregado apenas un puñado, pero el anuncio bastó para que muchos comerciantes estén exigiendo ahora dicho permiso. Al parecer el municipio ha comprendido la compleja señal que dio, ordenando el desalojo de Meiggs mediante el uso de la fuerza pública, lo que cabría esperar sea una política que perdure, y no un mero despliegue mediático.

Para efectos de combatir este flagelo se ha dado un paso importante con la reciente aprobación del proyecto de ley que endurece las sanciones y entrega nuevas herramientas para combatir las mafias y el comercio ilegal, iniciativa que estuvo en tramitación por más de 14 años. El desafío ahora es que este instrumental jurídico no se transforme en letra muerta, sino que efectivamente se implemente y constituya una prioridad para el Estado, independientemente del signo del gobierno que asuma.