Los resultados del Quinto Estudio de Condiciones Carcelarias, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no han resultado especialmente alentadores, ya que en una serie de indicadores se observan retrocesos respecto de la población que permanece recluida. Resulta preocupante que todos los informes hayan sido consistentes en mostrar graves falencias en numerosas cárceles, en algunos casos exhibiendo condiciones deplorables -un informe elaborado por la Corte Suprema en 2018 llegó a conclusiones similares-, lo que no solo constituye una vulneración de derechos fundamentales, sino también dificulta que las cárceles puedan ser ambientes propicios para la reinserción de los reclusos, lo que se traduce en que uno de cada dos que egresan de la cárcel reinciden.

Entre los principales hallazgos, el informe detectó que el hacinamiento experimentó un incremento, pues de las 83 unidades penales que existían al momento de recabar los datos (2019), 45 de ellas presentaban un nivel de ocupación que excedía su ocupación. Dicho nivel alcanzó 106%, mientras que en el último informe este indicador llegaba al 101%. Si bien Chile no figura entre los países con mayores tasas de ocupación carcelaria -Hatí, que lidera en la región, muestra una ocupación sobre 400%-, resulta especialmente preocupante que estos niveles se estén deteriorando, sobre todo cuando en 19 de los penales indagados dicho índice alcanzó 140%, y en tres unidades los niveles superaron el 200%.

Las condiciones de salubridad y confort elemental también siguen al debe, pues en 20 de las más de 40 cárceles analizadas se pudo apreciar que las personas privadas de libertad no recibían platos, bandejas ni cubiertos para comer; en 11 de los recintos no había camas para todos los reclusos, en 24 el acceso al agua no estaba asegurado a lo largo del día, en algunos se encontraron diversas plagas y en varios se pudo observar que podían transcurrir entre 18 y 20 horas sin acceso a alimentación. Como sociedad no resulta aceptable que aquellas personas privadas de libertad experimenten vejaciones de esta naturaleza, pues su condena es la privación de libertad, y no vivir en condiciones degradantes.

Un primer aspecto es mejorar la actual infraestructura -solo una fracción de las cárceles está bajo el modelo de concesiones-, para lo cual se estima que se necesita aumentar en algo más de ocho mil plazas para poder cubrir la población penal existente. Es indispensable asimismo una mejor supervisión de las condiciones de vida en las cárceles, para lo cual deberían fijarse estándares mucho más exigentes y hacer valer las responsabilidades cuando estos se incumplan manifiestamente.

Otro debate pendiente son los criterios para la privación de libertad. De las más de 100 mil personas bajo supervisión de Gendarmería, un 45% está en régimen cerrado, lo que supone un volumen importante. El número de personas en prisión en Chile ha venido cayendo en la última década, pero aun así podría haber avances en que se privilegien otros modos de cumplimiento de pena para delitos menos graves, así como revisar el alto número de personas bajo prisión preventiva.