SEÑOR DIRECTOR

La propuesta de reglamento que actualmente se discute en la Convención Constitucional contiene una disposición especialmente preocupante para la labor que ella misma tiene por delante, consistente en una sanción a quienes incurran en conductas “negacionistas”.

Esta propuesta tiene -al menos- dos problemas serios. El primero es la sanción misma. Estamos ante un órgano cuyo objeto principal es acordar un texto constitucional sobre la base de la deliberación. Eso supone discutir y argumentar, para luego adoptar las disposiciones de la Constitución. Es el espacio deliberativo más importante de nuestra historia republicana, de modo que excluir a quienes incurren en una infracción atenta contra la naturaleza misma del órgano.

Aun cuando es admisible un reproche a los discursos de odio o de incitación a la violencia, en la línea de los que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, el estándar para la restricción de la libertad de expresión es especialmente exigente y excepcional, y en un marco de deliberación constitucional debe sujetarse a criterios aún más estrictos.

El segundo problema dice relación con lo vaga y en extremo amplia que resulta la descripción de la conducta reprochada. No basta una acción, sino que también una “omisión”, y no solo se trata de la exaltación o apología, sino que de la “minimización” de esos hechos. La Convención Constitucional no es el terreno donde se determine la verdad histórica, sino que ésta se encuentra ya asentada, y seguirá haciéndose, en informes, documentos y sentencias judiciales (nacionales e internacionales), que ya han explicitado las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente y no tan reciente.

Resulta imprescindible para el éxito de la Convención que su Pleno ajuste el reglamento a estándares adecuados de libertad de expresión, de modo que sea un foro en el que los y las constituyentes deliberen con libertad, y no donde se excluyan opiniones mediante la amenaza de una sanción.

Tomás Pascual

Trinidad Luengo

Jorge Boldt

Miguel Schürmann

Directores de la Asociación por las Libertades Públicas