La educación pública atraviesa un momento decisivo. El país está implementando una de las reformas más grandes de las últimas cuatro décadas, con la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), instituciones que gestionan la educación escolar y que buscan superar la crisis que en algunas zonas dejó la administración municipal.

La instalación de los SLEP comenzó hace ocho años en aquellas zonas donde la crisis de la educación municipal era más grave, como Cerro Navia (SLEP Barrancas), comuna que sufría un déficit financiero y paralizaciones. El tiempo mostró que desmunicipalizar sus colegios fue lo correcto: en el Simce 2024 los estudiantes de 6° básico de ese SLEP registraron un alza en sus puntajes, al contrario de la tendencia nacional.

En su último informe, de febrero de este año, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública (que hasta ese momento integraba el ahora subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez) destacó que sus miembros “concuerdan en que se debe dar continuidad al proceso de cambio y que no es posible continuar con la actual administración municipal”. Sin embargo, recientemente el Gobierno anunció que evalúa pausar el traspaso.

Todos los actores educativos están de acuerdo en evaluar permanentemente este proceso, pero también en que la reforma debe continuar. Y en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) compartimos esta postura: el camino hacia la Nueva Educación Pública es un imperativo ético que no puede retroceder, pero que exige perfeccionar su arquitectura financiera y su gobernanza.

Una de las virtudes de los SLEP es que son encabezados por directores seleccionados por Alta Dirección Pública, cuyos cargos duran seis años, trascendiendo los ciclos políticos, lo que les permite enfocarse en proyectos pedagógicos de largo plazo.

No obstante, para que este liderazgo sea efectivo, debemos dotar a estas direcciones de una flexibilidad administrativa. No es posible que la urgencia de una techumbre o la compra de materiales básicos deba esperar por una burocracia centralizada que asfixia la gestión en terreno.

También debemos resolver la debilidad financiera. Entregar recursos a los colegios según su asistencia mensual es una fórmula agotada, que castiga a las escuelas más vulnerables, donde factores sociales externos afectan la presencialidad. Es urgente contar con un financiamiento basal por matrícula o capacidad instalada, que asegure la operación digna de los establecimientos y les permita implementar planes para mejorar la asistencia y reducir la desvinculación escolar.

Para que los SLEP mejoren los aprendizajes de sus estudiantes es fundamental que cuenten con redes pedagógicas o comunidades de aprendizaje, donde las escuelas exitosas transfieran prácticas a las rezagadas, generando un soporte técnico pedagógico permanente.

También se requiere que los SLEP tengan un sentido de pertenencia, para lo cual es clave que los Consejos Locales tengan incidencia en el Plan Estratégico Local. También deben contar con el apoyo de las universidades como socias estratégicas, por lo que proponemos que las facultades o escuelas de educación lideren comités técnicos en estos Consejos.

Detener esta reforma sería estancarnos en un modelo municipal que ya demostró su agotamiento, y profundizar las brechas que intentamos cerrar. Como Estado, debemos renovar el compromiso con la educación pública, garantizando recursos estables, una gestión ágil y una participación comunitaria comprometida. Esto exige poner el foco en la sala de clases y en una dirección profesional que se preocupe de lo más importante: que las y los estudiantes aprendan más y mejor. El futuro de la educación pública no puede esperar a que el diseño sea perfecto para seguir caminando. La excelencia se construye avanzando con decisión, urgencia y la convicción de que este es el camino para garantizar el derecho a la educación.

Por Solange Tenorio, Rectora de la UMCE.