Es fácil burlarse de la última brillante idea de los “libertarios”: vender Codelco y repartir la plata.

Proponen “una privatización parcial”, en que el control de la gestión pase a manos privadas. “A cada uno de nuestros compatriotas le podríamos hacer llegar un cheque de hasta 2 millones de pesos”, anuncian.

Y lo presentan como “una solución de capitalismo popular, que significa devolverles a los chilenos lo que es suyo”.

Lo de “capitalismo popular” ya lo hemos escuchado; fue la fachada que usaron los amigotes de Pinochet para echarse al bolsillo las empresas estatales al final de la dictadura.

Se prometió que los trabajadores serían los dueños de las empresas privatizadas, y de esa caja negra salieron como dueños los funcionarios que estaban a cargo de ellas, como el yernísimo Julio Ponce y el siempre listo José Yuraszeck.

Esa vez al menos hubo un engaño, un truco de magia. Aquí, ni siquiera eso. Vender una empresa de todos los chilenos y repartir la plata es todo lo contrario del capitalismo popular. El “pueblo” no recibe un capital, sino un cheque.

Insisto: es fácil burlarse de la idea, de su demagogia galopante, del analfabetismo en el uso de los conceptos, de la descarada aplicación del “pan para hoy, hambre para mañana”.

Pero la triste realidad es que ese proyecto captura perfectamente el espíritu de nuestra época.

Perdidas todas las ilusiones de superar nuestros problemas colectivos, lo que queda es salvarse solo. Y ojalá tratar de agarrar al menos algún souvenir del naufragio de ese proyecto que solíamos llamar “Chile”.

Así lo hizo la dictadura. Demolió los servicios públicos, y, destruida la confianza en una solución colectiva, presentó la alternativa: sálvese solo, pagando por ese servicio en los nuevos mercados de la educación y la salud.

En la década pasada resurgió la idea de que sí es posible buscar soluciones públicas a los problemas públicos. Algo de ese espíritu hubo en momentos como el estallido de 2019, la respuesta a la pandemia de 2020, y el proceso constituyente de 2021-2022.

Como sabemos, esos procesos terminaron en un profundo desengaño. El estallido derivó en violencia y nihilismo; la pandemia nos recluyó en la desconfianza y la paranoia; y el proceso constituyente descarriló en medio de la desmesura y la irresponsabilidad.

Se instaló, con más fuerza que nunca, la idea de que no somos capaces de labrar un camino compartido.

La última encuesta Cadem mostró que el pesimismo en el futuro del país llegó a su nivel más alto desde que se mide, hace once años, con un 58%. Nunca, ni en el estallido, ni en la pandemia, los chilenos miraron el porvenir con tal pesimismo.

De tanto anunciar que Chile se cae a pedazos, la gente lo creyó. Y, en esa encuesta, advierten que todo (todo: la situación económica, la inflación, la delincuencia, la situación política) seguirá empeorando.

Si izquierdas y derechas han defraudado por igual, si las políticas públicas son estafas, si los proyectos colectivos son espejismos, si no hay ya en qué creer, si el naufragio de este barco llamado Chile es inminente, ¿entonces, qué queda?

Pues agarrar un madero del buque que se hunde, aferrarse a él y saltar por la borda.

Una primera muestra la tuvimos con los retiros de fondos de pensiones. Tras un primer retiro que se aprobó en condiciones excepcionales, en medio de la pandemia y de la mayor crisis económica en 40 años, los políticos olieron su oportunidad y siguieron ofreciendo retiros a diestra y siniestra.

La aprobación ciudadana fue arrolladora. Claro, si percibo que una vida de ahorro no me garantiza una jubilación digna; si igual voy a tener que sobrevivir con una pensión mínima; si, en suma, ese barco se está hundiendo, entonces al menos quiero sacar mi millón de pesos de ese naufragio.

Ante el fracaso de la solución pública (un sistema de pensiones que funcione), solo queda el sálvese quien pueda.

La misma lógica vimos en la megarreforma, que vuelve más regresivo el sistema tributario, desfinancia las políticas sociales y agudiza el déficit fiscal. Pero esos son problemas colectivos, que poco importan. El barco de todos modos se hunde, así que al menos saquemos unas luquitas para cada uno del naufragio, razonó el PDG.

Ese razonamiento que ya primó en el debate de pensiones y en el tributario, ahora va por Codelco.

Por medio siglo, esta empresa ha sido un orgullo para los chilenos. La cuprífera más grande, el sueldo de Chile, la fuente que financió políticas sociales antes del royalty, cuando las mineras privadas pagaban poco y nada al Fisco por explotar los recursos del país.

Pero en los últimos años la confianza en Codelco, como en todo, tambalea. Se acumulan malos balances, problemas de gestión, denuncias de corruptela. Sobre esos problemas, que son reales, la campaña de demolición es burda.

El gobierno nombra a cargo de Codelco a Bernardo Fontaine, con un lustroso currículum en campañas de intoxicación de la opinión pública. Así lo hizo, con enorme éxito, al servicio de los intereses de las AFP y de la campaña del Rechazo.

Y entonces, (¡oh, sorpresa!), el Partido Republicano propone privatizar Codelco. Quiroz descarta privatizar, pero habla de “incorporar capital privado en algún minuto”.

“Incorporar capital privado”, en castellano, significa privatizar, aunque sea parcialmente al comienzo. ¿Vender 10%, 20%, 49%? ¿por qué no? Después de todo, necesitamos plata para tapar el tremendo forado que acabamos de cavar en las arcas fiscales con la megarreforma.

Y así ya se corrió el cerco. Algo que le fue negado incluso a los Chicago Boys, que ningún gobierno se atrevió a proponer en medio siglo, ya está arriba de la mesa.

Y, ya que estamos en esto, irrumpen los libertarios, ¿por qué mejor no repartir la plata? Total, si vamos a vender Codelco, y si ya instalamos la idea de que el Estado es una cueva de ladrones, ¿queremos que ese dinero sea robado por parásitos y apitutados? ¿Por qué mejor no hacer un cheque y que cada uno de nosotros tenga dos milloncitos para enchular la casa, cambiar el auto o pagarnos unas vacaciones?

Total, si Chile se cae a pedazos, al menos llevémonos un recuerdo del derrumbe.

Un cheque de dos millones como souvenir de un país que ya no fue.