Quienes nos dedicamos al derecho internacional convivimos con el concepto de soberanía. Los Estados son soberanos e iguales; su integridad territorial e independencia política son inviolables; sus relaciones se rigen por el principio de no intervención. Es un mantra.

Las referencias de las últimas semanas a la defensa de la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes me hicieron volver a una pregunta: ¿qué significa realmente defender la soberanía hoy?

Durante mucho tiempo, la respuesta pareció sencilla. Defender la soberanía era proteger el territorio, controlar las fronteras y contar con la fuerza necesaria para impedir que otro Estado impusiera su voluntad. Nada de eso ha dejado de ser importante. Pero es una forma incompleta de entenderla en un mundo interdependiente; llevada demasiado lejos, puede debilitar lo que buscamos proteger.

Porque la soberanía expresa también una aspiración de autonomía política: que una nación pueda gobernarse y determinar su destino. Que pueda decidir y volver a decidir cómo vivir y qué intereses quiere perseguir. Si eso es lo que queremos preservar, ¿cómo hacerlo?

En un mundo interdependiente, difícilmente mediante el aislamiento. Dependemos de otros para comerciar, acceder a tecnologías o enfrentar problemas transnacionales. Aislarnos puede producir el efecto contrario: reducir nuestra capacidad de incidir sobre decisiones que nos afectan. Es allí donde el derecho internacional cobra relevancia. A veces hablamos de las obligaciones internacionales como si significaran ceder soberanía. Pero los Estados pueden obligarse precisamente porque son soberanos. Al aceptar una regla limitan su libertad de acción, pero consiguen que otros queden también sujetos a ella. Asumir obligaciones internacionales no niega la soberanía: es una manifestación de ella.

Para Chile, esto importa especialmente. La igualdad soberana es jurídica, no una igualdad de poder. Un orden regido por normas permite que nuestra capacidad de actuar no dependa sólo de nuestro peso económico, político o militar. El derecho no elimina esas diferencias, pero limita su ejercicio. La soberanía, entonces, no se ejerce solamente preservando un espacio propio frente a los demás. Se ejerce también relacionándose con ellos. La independencia permite al Estado determinar su conducta, pero también consentir en reglas comunes, asumir obligaciones y exigir su cumplimiento.

Defender la soberanía hoy exige algo más que proteger el territorio y contar con capacidad de disuasión. Exige preservar nuestra capacidad de decisión y utilizarla: desarrollar capacidades propias, reducir vulnerabilidades, cooperar y participar en la construcción de reglas para una realidad que nadie puede gobernar solo.

Quizás esa sea una manera más contemporánea de pensar la soberanía. No como una muralla que protege nuestra libertad frente al mundo, sino como la condición que nos permite participar libremente en él. Ser soberano no es permanecer al margen, sino decidir cómo relacionarnos con los demás y contribuir a las reglas bajo las cuales esa relación tendrá lugar.

Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal